Este jueves 18 de junio, en una sesión extraordinaria convocada con apenas 48 horas de antelación, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó el paquete de reformas económicas y sociales más amplio que el país ha visto en décadas: 176 propuestas organizadas en 23 ejes, presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz.

Un día antes, el Comité Central del Partido Comunista las había avalado en pleno extraordinario, con el respaldo explícito del general de ejército Raúl Castro, de 95 años, quien por videoconferencia las calificó como “lo que más conviene hoy a la Revolución”.

El propio Marrero explicó ante los diputados que, de las 390 propuestas evaluadas en el proceso de consulta previo —que incluyó a especialistas de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, académicos y comisiones económicas del Partido y la Asamblea—, se aceptó el 66,7 %. El resultado es un documento que toca prácticamente todos los engranajes del modelo económico cubano: la empresa estatal, el sector privado, la banca, los precios, el comercio exterior, los subsidios, los salarios, el turismo, la propiedad inmobiliaria y la autonomía municipal.

Lo que se aprobó:

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El contexto

Cuba atraviesa la crisis más severa desde el Período Especial de los años noventa. En el primer semestre de 2026, el país ha registrado un promedio diario de 20 horas de afectación eléctrica y un déficit de 1955 megavatios. La inflación interanual en el mercado formal alcanzó 15,89 % en mayo, mientras el dólar en el mercado informal pasó de 515 a 680 pesos cubanos en apenas tres meses.

Detrás de esos números hay una causa concreta y nombrada explícitamente por el propio gobierno: la política de “máxima presión” de la administración Trump, que desde enero de 2026 ha ido escalando de forma sistemática.

• En enero, Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional y estableciendo aranceles a los países que vendieran o suministraran petróleo a Cuba, cortando de facto el flujo de crudo venezolano que sostenía buena parte del consumo energético de la isla.
• Washington presionó también a México para que detuviera sus propios envíos petroleros, logrando al menos una suspensión parcial.
• El 1 de mayo, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, ampliando las sanciones contra funcionarios, entidades y cualquier actor que opere en los sectores de energía, defensa, minería y finanzas de Cuba —con el añadido de que bancos y empresas extranjeras que hagan negocios con entidades cubanas sancionadas pueden quedar excluidos de los mercados estadounidenses. GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, fue sancionado bajo esa orden por operar en el sector financiero cubano.
• El 11 de junio, el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones contra la petrolera estatal CUPET, acusándola de “desviar recursos energéticos” y usar la energía “como herramienta de control social”.
• El 6 de junio, Cuba perdió el acceso a las redes de pago Visa y Mastercard, después de que el banco extranjero procesador notificara la ruptura de relación comercial con Fincimex.
• Las principales cadenas hoteleras internacionales —Meliá, Iberostar, Archipiélago International, Blue Diamond— han suspendido o reducido drásticamente sus operaciones en la isla por temor a sanciones secundarias, en medio de una caída del turismo de alrededor del 60 %.

Funcionarios estadounidenses no han ocultado el objetivo final de esta presión. El propio Rubio declaró en marzo que Cuba “tiene una economía que no funciona y un sistema político y de gobierno que no puede arreglarla”, y que el país enfrenta “grandes decisiones que tomar”. Analistas describen el objetivo de Washington como una transición que propicie un cambio de régimen, ya sea por colapso económico, por fractura interna o por negociación.

¿Reforma genuina o reforma forzada?

Es en ese contexto que hay que leer el paquete aprobado este jueves. El propio Marrero fue explícito al reconocer que Cuba “nunca ha negado la existencia de errores e insuficiencias propias”, pero situó la causa principal del deterioro en el recrudecimiento de las sanciones desde 2019.

Citó incluso una reflexión atribuida a Fidel Castro —quien habría advertido que ciertas circunstancias obligarían al país a tomar decisiones que, de haber contado con capital y tecnología suficientes, no habría necesitado tomar— para enmarcar la lógica de lo aprobado bajo el principio de “hacer lo necesario para conservar lo esencial”.

Es una forma de decir, sin decirlo del todo, que buena parte de estas reformas no nacen de una convicción ideológica nueva, sino de la falta de alternativas.

El país necesita divisas, capital, una economía que genere algo de dinamismo en medio del asedio, y el camino que ha elegido —al menos sobre el papel— es soltar amarras que durante décadas se negó a soltar: banca privada, comercio exterior sin monopolio estatal, precios de mercado, franquicias internacionales, propiedad privada en el inmobiliario, mipymes sin límite de empleados.

Pero esta no parece ser solo una reforma de emergencia impuesta desde fuera. Gran parte de lo aprobado coincide, casi punto por punto, con lo que economistas cubanos —muchos de ellos dentro de instituciones oficiales— vienen reclamando desde hace años: la eliminación de la dualidad monetaria de facto, la apertura del comercio exterior al sector no estatal, la descentralización empresarial, el fin de la fijación administrativa de precios.

Para esos sectores, lo aprobado probablemente no sea una concesión lograda por la fuerza, sino la confirmación, tardía, de un diagnóstico que llevaban tiempo exponiendo.

¿Implementación?

El historial reciente de Cuba está lleno de anuncios de reforma que se diluyeron en la implementación: la actualización del modelo económico aprobada en 2011 mostró resultados positivos solo hasta mediados de 2019, cuando el recrudecimiento de las sanciones interrumpió el proceso, según el propio relato oficial.

Las mipymes autorizadas desde 2021 enfrentaron años de trámites lentos —hoy mismo hay 7254 solicitudes pendientes de aprobación, de las cuales 3505 ya están certificadas pero sin autorizar—. La brecha entre lo que se anuncia y lo que efectivamente ocurre ha sido en Cuba, durante años, la norma más que la excepción.

Esa es la duda que comparten muchos analistas, dentro y fuera de Cuba: si la misma estructura política y burocrática que ha administrado la economía cubana durante más de sesenta años —con sus resistencias internas, sus intereses creados y su lentitud institucional— es capaz de implementar con la velocidad y la coherencia necesarias un paquete de esta magnitud.

La velocidad con la que se tramitó esta vez —del anuncio de Díaz-Canel el 12 de junio a la aprobación parlamentaria el 18— es inusual y sin precedentes recientes, lo que algunos leen como señal de voluntad política real y otros como urgencia desesperada más que planificación sólida.

¿Cómo reaccionarán la diáspora y Washington?

Quedan, además, dos reacciones por ver que pueden determinar si estas reformas tienen el impacto que el gobierno cubano necesita.

La primera es la de la diáspora cubana, convocada explícitamente en varias de las medidas aprobadas —desde la posibilidad de comprar propiedades estatales hasta participar en programas de inversión y abrir cuentas bancarias sin restricciones—. Su disposición a invertir capital real en la isla dependerá de la confianza que genere la implementación efectiva de estas medidas, no solo de su anuncio.

La segunda, y quizás más determinante en lo inmediato, es la reacción de la Administración Trump. Washington ha dejado claro que su objetivo no es una reforma económica gradual del sistema cubano, sino un cambio de régimen.

Es probable que la Casa Blanca interprete estas medidas como insuficientes, o incluso como una maniobra del gobierno cubano para aliviar la presión sin ceder en lo político. Si la respuesta de la Administración fuera escalar aún más las sanciones, el margen de maniobra que estas reformas necesitan para mostrar resultados podría evaporarse antes de que tengan oportunidad de implementarse.