Ningún político ha protagonizado una alternativa tan dramática como la que le ha tocado vivir a Luis Ignacio Lula da Silva, que tiene enormes posibilidades de regresar a la presidencia de Brasil que ocupó durante ocho años o ir a la cárcel de modo inmediato. Con toda probabilidad el pueblo lo hubiera llevado al poder, pero seis jueces lo han confinado a una celda.
Al margen de errores que en el desempeño de sus cargos puedan haber cometido, no existen dudas acerca de que las instituciones jurídicas, el estamento más conservador de los estados latinoamericanos, están desempeñando un papel que puede ser nefasto en el ajuste de cuentas a los gobiernos de izquierda de la región. En lugar de a personas parecen estar juzgando opciones políticas y corrientes ideológicas.
Adicionalmente, en Brasil se ha emitido una pésima señal cuando el alto mando militar en la persona del Comandante en Jefe del Ejército, general Eduardo Villas-Boas, en clara violación de la separación de poderes que establece la constitución, ha presionado abiertamente a los Jueces del Supremo Tribunal Federal de Justicia, para instarlos a fallar contra el expresidente Lula.
En su mensaje el Comandante en Jefe del Ejército quien escribió: “Aseguro que el Ejército brasileño comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, del mismo modo que se mantiene atento a sus misiones institucionales”.
El mensaje fue respondido inmediatamente por otros tres generales que no ocultaron su disposición de ejercer la fuerza contra las instituciones de la nación: “Tengo la espada al lado, la silla equipada, el caballo listo y aguardo sus órdenes”, afirmó el general Paulo Chagas. Por su parte el general Miotto declaró: “COMANDANTE! Estamos juntos en la misma trinchera» y el general Freitas enfatizó: «Estamos juntos, comandante”.
Otro El general, Luís Gonzaga Schroeder fue más lejos al declarar: “Si Lula no es enviado a la cárcel, el deber de las Fuerzas Armadas es restaurar el orden».
Probablemente, estos pronunciamientos configuren un delito mayor y de más peligrosidad que el imputado a Lula quien, si bien no ha reclamado impunidad ni privilegios, merece más consideración de la que han demostrado los jueces y militares de su país, que aprovechan un elemento circunstancial e intrascendente como es el usufructo de una vivienda para ejercitar una venganza que divide al país, y pone en peligro a sus instituciones. No obstante el poder judicial que es presionado y retado, por el estamento militar, hace oídos sordos y mira para otro lado.
Luis Ignacio Lula de Silva, el mejor y más popular de los presidentes brasileños, un líder querido, la figura viva más relevante de la izquierda latinoamericana y un hombre de probada fidelidad, que afronta entero y vertical la adversidad política, sin llamar a la movilización de sus partidarios ni rehuir responsabilidades, merece otro tratamiento.
Cuando nadie recuerde a sus mezquinos jueces, que probablemente hayan prevaricado, la historia, recordará al obrero de Sao Paulo que levantándose sobre la pobreza, creó sindicatos y partidos para luchar por su pueblo. Tal vez no haya en Brasil prisión capaz de aislarlo y anularlo.
Otra vez el tiempo, juez más severo de los hombres y sus actos, tiene la palabra. Ninguna voz es débil para reclamar justicia a la justicia.
