Exordio. Si usted es de los que gusta leer solamente consignas y frases monosilábicas; no lea este trabajo. Este es un MINI ENSAYO que intenta contribuir a educar en el escabroso tema de Cuba y Estados Unidos, cuyo destino existencial en estos tiempos, está cerca de hallar una respuesta definitiva. Aspiramos que pueda ser del modo más racional.
A causa de la desafortunada ley Helms Burton, una negociación con el objetivo de normalizar las relaciones entre Los Estados Unidos de América y Cuba, es extremadamente complicada. Excepto que el gobierno cubano acepte la letra de dicha Ley en todos sus términos, algo que no sucederá bajo ningún concepto.
Quienes conocemos la historia del país sabemos que, en Cuba la dirección del poder real, va más allá de los funcionarios y dirigentes conocidos y radica en las decenas de miles de militantes ideológicamente convencidos, al margen de errores y deficiencias, los cuales a pesar de ser solubles y continuar repitiéndose una y otra vez, creen en la viabilidad del sistema. Por consiguiente, habría que ir a un término medio. Expongo a continuación los detalles que me conducen a esa conclusión y mis puntos de vista sobre el particular.
Una Ley del Congreso estadounidense es fácil de derogar. Para ello sólo se requiere hacer otra legislación que la anule. Si la Helms Burton fuese una Ley como la mayoría de las existentes, el Congreso aprueba otra que la deroga total o parcialmente, el presidente la firma y la Ley queda anulada. Pero no puede ser así en este caso.
El obstáculo mayor es político, por cuanto en su lenguaje y espíritu, la Helms-Burton amarra la política con Cuba al Congreso y la desliga del presidente. Antes de 1996, éste tenía márgenes para flexibilizar o endurecer el embargo a la Isla. Esta Ley trasladó ese poder al Congreso. En lo adelante ningún presidente puede levantar el embargo lo cual imposibilita a cualquier presidencia a normalizar plenamente las relaciones con Cuba. Para que eso suceda el Congreso debe desmontar la Ley pedazo a pedazo. Por esta razón, las conversaciones entre ambos países son extremadamente difíciles si el objetivo es alcanzar la plena normalidad. A continuación, me propongo explicar con brevedad algunos de los pasos que el Congreso debe seguir para anularla. Empezaré tratando de dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Por qué es tan complicado que el Congreso la anule a partir de un diálogo civilizado y realista entre ambos países?
Porque es un tema altamente polarizado. Especialmente en Florida donde ha adquirido una naturaleza muy emocional, electoralmente sensible y donde grupos de presión tienen prácticamente cautivos tanto a los candidatos estatales como a los federales. En EE. UU., una vez que una ley fija una política exterior, es inusual que se derogue sin un consenso amplio. Ejemplos históricos muestran que las leyes aprobadas para imponer sanciones suelen durar décadas y en los casos en que han sido codificadas demandan un alineamiento muy numeroso de legisladores que raramente se logra. Toda ley que ha sido codificada, está de por sí entrelazada a otros aspectos que requieren ser discutidos, uno a uno, por el legislativo.
La Helms-Burton es uno de esos casos, afectando a múltiples áreas y señalo algunos de los aspectos con los cuales se relaciona, a modo de ejemplo para entender su complejidad.
Primeramente, está vinculada a las siguientes leyes:
La Torricelli del año 1992; ley de comercio con el enemigo aprobada en 1917; Ley de Administración de Exportaciones; Asistencia Exterior (Foreign Assistance Act); y Regulaciones del Departamento del Tesoro (OFAC) que obliga a emitir y mantener regulaciones específicas y detalles operativos que están descritos en los reglamentos.
La Ley afecta diversas áreas. Recuerdo sólo algunas como el comercio exterior, el cual tiene la autoridad de ordenar prohibiciones a determinadas transacciones y restringe las actividades de las empresas extranjeras; incide en la política exterior, puesto que condiciona la normalización diplomática y establece requisitos para cambios políticos en Cuba antes de levantar las sanciones; la Ley está fuertemente vinculada al derecho internacional privado estableciendo demandas civiles por “traficar con propiedades confiscadas” y restringe la entrada a directivos de empresas extranjeras, teniendo en cuenta también que algunas disposiciones afectan visados y movilidad; establece regulaciones administrativas que conceden al Departamento de Estado y al Departamento de Comercio autoridad para aplicar partes de la Ley.
Derogar dicha legislación es algo extremadamente complejo para lo cual el Congreso, en muchas ocasiones tendría que abandonar tareas de urgencia nacional para enfrentar el asunto.
Su anulación, sin pasar por un debate legislativo, puede generar vacíos y conflictos normativos porque ha convertido el embargo en una Ley de la nación y fue elaborada con un lenguaje jurídico tan minucioso que impide al Ejecutivo modificarlo por sí solo.
Otro de los aspectos que complica su derogación es por ejemplo las demandas establecidas en el Título III. Para eliminar dicho capítulo es necesario definir qué ocurre con las demandas en curso y prever disposiciones transitorias. También es esencial hacer ajustes con otras leyes, especialmente Torricelli y Comercio con el Enemigo.
Como ya hube de mencionar. el Congreso podría hacer una ley que la declare nula en su totalidad y todo quedaría sanado al instante, pero no es así.
Dicho procedimiento no se aplica en legislaciones complicadas porque al estar codificadas se corre el riesgo que en un futuro surjan como fantasmas asuntos enunciados en títulos y secciones de la ley derogada. De repente las leyes con las cuales se relacionan encuentran tropiezos que tienen su origen en esa ley interponiéndose a otros procesos legislativos. La única solución efectiva y que evite al congreso problemas futuros a la hora de otras legislaciones, es incluir disposiciones transitorias, ajustar referencias cruzadas, reescribir parte del marco que contiene las diferentes sanciones y anularla por partes.
En el momento que el senador Jesse Helms presentó la propuesta de ley ante el senado y Dan Burton a la cámara de representantes, Cuba se hallaba en una situación económica extremadamente depauperada, porque con la desaparición de la URRS, quedó aislada del conglomerado de países que conformaban el bloque soviético, con lo cual perdió más del 80% de sus relaciones comerciales. Independientemente que a ese importante detalle se sumaba la pérdida de las grandes ayudas y financiamientos suaves que recibía por entonces de Rusia, país que dominaba aquel inmenso conjunto de repúblicas. Ambos proyectos estaban dirigidos a bloquear políticamente a Cuba. Para garantizar que ningún gobierno la pudiese derogar fácilmente, sin apelar a una mayoría parlamentaria que rara vez se logra, la codificaron minuciosamente.
La Ley contiene cuatro títulos y un número total de secciones que, en su conjunto, son treinta y cinco. De manera detallada hilvanaron las diferentes actividades y aspectos que definen el funcionamiento de relaciones de Los Estados Unidos de América de modo que limite al máximo el funcionamiento del gobierno cubano, cualquiera que este sea, hasta tanto no se cumpliera lo establecido en la misma. No sólo en sus relaciones con Washington sino con el resto del mundo como está establecido en el Título III que permite demandar a empresas de otros países que trafiquen con propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
Cada sección contiene múltiples subdivisiones y subniveles dentro de cada sección. Tiene insertadas además Subsecciones, Párrafos, Sub Párrafos, disposiciones generales (cláusulas finales, definiciones, reglas de interpretación, etc.).
En pocas palabras podemos decir que ha sido un verdadero monstruo de Ley, dirigido a buscar el modo de circunvalar la presidencia y en muchos casos, al propio Congreso, para bloquear políticamente a Cuba, ante la negativa de éste de declarar guerra formalmente y disponer así de la autoridad de bloquearlo militarmente. Este bloqueo militar sucedió en una oportunidad cuando la Crisis de Octubre como consecuencia de la instalación de cohetería nuclear soviética en la Isla, apuntando a Los Estados Unidos de América. Es una de las pocas excepciones en que un presidente puede declarar un bloqueo naval absoluto ante la ausencia de una declaración de guerra, por razones de seguridad nacional.
Como colofón a las dificultades que presenta esta legislación para ser derogada se codificó de modo que su diseño restringe la discrecionalidad presidencial. En este caso el presidente sólo tiene facultad para suspender temporalmente el Título III.
Dicho esto, en una explicación que abarca sólo los aspectos generales de una complicada Ley, puedo decir con carácter absoluto que no hay manera de normalizar las relaciones entre ambos países mientras exista dicho obstáculo. Y no hay modo fácil para ser derogada, porque la Ley fue confeccionada con el propósito de que sólo con una capitulación del gobierno cubano, cualquiera que este sea, vinculado con la revolución surgida bajo la dirección de Fidel Castro y su hermano Raúl, podría ser eliminada. Así lo define claramente su redacción o como dicen los estadounidenses más familiarizados con las políticas de estado: “es la Ley de la Patria”, “is the Law of the Land”.
Partiendo de esta introducción que más claramente permite comprender la situación que Cuba ha vivido en los últimos 30 años, podríamos hablar de negociación entre Washington y La Habana. Porque contemplado el panorama con la crudeza que esa Ley expresa, podríamos perfectamente concluir que no hay nada que hablar si el gobierno cubano no levanta una bandera blanca, donde le van a exigir, no sólo que se rinda, sino su capitulación, lo cual implica una intervención total del territorio.
¿Con esta limitación que parece infranqueable, cómo podría establecerse entonces una conversación con resultados positivos para ambos?
Yo diría que lo primero que habría que analizar en este caso, es ¿qué le puede ofrecer Cuba a Washington, a ese “establishment” que por 67 años ha insistido en el derrocamiento del gobierno y su renuncia absoluta a su sistema económico y político, el cual contempla objetivos humanistas y sociales por encima de los individuales?
Lo primero es que el país ya ha llegado al punto de hacer reformas profundas, dentro de los criterios sociales que lo guían. Desde el feliz encuentro de Raúl Castro y Barack Obama en el año 2014 a la fecha, el estado cubano se ha planteado correcciones, reformas, ha hecho cambios, abriendo temerosa y parcialmente el sector privado a la economía, el cual está lleno de limitaciones y tropiezos que no pueden impugnarse porque su sistema jurídico no es lo totalmente claro que se requiere para demandas o exigencias de esa naturaleza y de acuerdo a aspectos constitucionales aún pendientes de legislación; en lo político ha incursionado tímidamente pero sin avanzar y sobre todo sin preguntar al gran público el modo de mejorar los mecanismos democráticos que hoy continúan sujetos a una excesiva dependencia vertical de las estructuras gobernantes, las cuales también requieren reformas sin apartarse necesariamente del proyecto social que orienta en sentido general las plataformas políticas que se establecen cuando las circunstancias demandan ajustes.
En fin, que todos saben la necesidad de hacer que el sistema funcione, pero sin tener conciencia al parecer de la necesidad de diseñar una estructura estatal cuya esencia no esté sujeta a vaivenes circunstanciales, porque eso impide crear la confianza necesaria tanto en la población como en las relaciones internacionales; enfocarse más en el presente mediato y no en el futuro que va más allá del horizonte vital en que vivimos, porque las personas que hoy habitamos en cualquiera de los rincones del planeta, no tenemos derecho a inventar cómo deben ser quienes la habiten de aquí a cien años.
Si adquirimos conciencia de la necesidad de darle solución a esos asuntos, aunque luego en el camino haya que hacer las debidas correcciones, como ocurre con las máquinas más perfectas, sobre todo con las más sofisticadas, podemos disponer de políticas concretas que le faciliten al poderoso vecino vender la idea de que es imprescindible derogar la Ley que impide la normalidad y el avance económico acelerado que Cuba requiere y hoy está limitado por la existencia de esa Ley. Hay que cambiar todo lo que sea necesario para salvar el proyecto social que se inició con la revolución llevada a cabo en los primeros veinte años del triunfo de la insurrección revolucionaria que derrocó a la dictadura de Batista.
Para que esto suceda hay que superar la idea del “consenso” que impide atender la demanda de mayorías y olvidar el discutible criterio de unanimidad. Porque esto último ha mostrado que resulta retardatario para poner a funcionar los proyectos.
La administración estadounidense actual no ha dado señales de pretender cambiar el régimen. De hecho, parece haber llegado a la conclusión que no es asunto de su competencia si la educación, la salud y las prestaciones sociales relacionadas al aseguramiento del cuidado de los niños, la protección debida a los padres para que puedan simultáneamente atender también sus necesidades laborales, el subsidio racional a quienes devengan ingresos bajos en relación al costo de vida y otras necesidades sociales que el estado cubano se ha propuesto atender, sea un asunto de su incumbencia.
Todo indica que a Washington y el “establishment” que lo dirige bajo un eterno equilibrio de criterios encontrados, lo cual permite sostener la complejidad del gigantesco estado, no le interesa interferir en la similar dinámica con la cual lidian las fuerzas políticas del estado cubano, que en gran medida requiere una reinstitucionalización para mejorar la eficiencia social del país. No para hacerle concesiones a nadie o a país alguno, sino para su propio beneficio.
Parece ser que una reforma total de la economía, insertándola a los mecanismos de mercado desarrollados por el proceso productivo universal que ha evolucionado a través de más de doscientos años, es uno de los nódulos fundamentales de los cambios que requieren los intereses hemisféricos estadounidenses, a modo de facilitar la dinámica productiva y comercial de los países que lo componen. Esto por supuesto trae aparejado una revisión profunda de la legislación vigente a los efectos de agilizar los trámites y sobre todo para impulsar el movimiento de las inversiones y el comercio entre ambos países.
Como extensión a estas reformas económicas, es necesario mejorar las vías para un mayor intercambio de las diversas opiniones, pero de un modo que estén vinculadas al estado sólo por leyes que regulen una clara convivencia ciudadana con el respeto debido a todas las partes que componen la sociedad, de las cuales el estado es una de ellas. La centralización absoluta de la información y su difusión limita la creatividad y abstiene de participar a muchas voluntades capaces de contribuir al engrandecimiento del país. Todo esto es parte de los cambios a acometer dentro del conjunto de los ajustes necesarios para la mayor efectividad de la gestión económica y la complacencia ciudadana.
Entre los aspectos que Los Estados Unidos pueden ofrecer como parte del “give and take”, pudiéramos mencionar a la Base Naval de Guantánamo, aspecto que tiene un gran significado para el orgullo nacional de los cubanos y el cual puede tener diversas soluciones. Un amigo, analista político de primera categoría y columnista fijo de un periódico de gran circulación en la Península de Yucatán, Jorge Gómez Barata, me dijo un día que sería bueno que ambos países se pusieran de acuerdo y esa región de la geografía cubana sea convertida en un parque internacional ecológico administrado por ambos países. Los Estados Unidos de América cuenta con experiencia en administración de parques gigantescos y Cuba cuenta con personal científico y técnico para atender al mejor desarrollo y cuidado de una zona idónea para ese tipo de proyectos. De ese modo lo que fue una vez motivo de enfrentamiento, disgusto y rechazo de sentimientos humanos heridos, se convertiría en un aporte de humanidad.
Y finalmente, Washington tendría que darle a Cuba lo más importante: dejarla tranquila. Lo cual implica como bien he explicado y dadas las características del caso, convencer casi unánimemente al “establishment” para que anule la Ley Helms Burton. Mala, buena o diabólica, pero es una Ley y los países serios o medio serios o como cuadre al lector, tienen que cumplir con sus regulaciones de estado. El mayor ofrecimiento que Washington debe hacer a Cuba es abstenerse de pedir cambios del sistema a cambio, sino ajustarlo a las realidades de hoy. O sea que el acápite más importante de la Helms Burton relacionado a cambio de régimen podría ser parte del paquete de conversaciones. Este es el punto precisamente, donde Cuba tendría que hacer concesiones que, bajo mi punto de vista, no son tales porque se trata de abordar aspectos que han sido conversado en los círculos oficiales cubanos y que benefician a la nación, no cambian la esencia del sistema político social y contribuyen para lograr una mayor democracia. De esos asuntos en general ya he hecho mención.
Salvo los grupos de solidaridad internacional, que sólo sirven para llamar la atención sobre las agresiones de su vecino del Norte, de las cuales la Isla es una víctima, no existen países que verbalmente, públicamente, digan que concuerdan con el sistema cubano del modo que su actual gobierno insiste en mantenerlo. Los pocos que dicen apoyar a Cuba como España, Brasil y México, se refieren a su lucha en contra del bloqueo estadounidense pero no a su sistema. La Isla en realidad sólo cuenta condicionalmente con dos países cercanos ideológicamente que lo apoyan sin manifestar en ninguna circunstancia algo que parezca una crítica: China y Vietnam. Los cuales no tienen roce político alguno con Cuba, siempre y cuando les paguen por sus inversiones y comercio, al margen de cierta condescendencia que pudiéramos tildar de solidaridad. Otro país que algunos soñadores desfasados lo consideran aliado, es la Rusia capitalista actual, pero todos saben que es un país de dudosa confianza.
No pretendo con este trabajo ofender a persona o institución alguna sino presentar los hechos existentes al margen de retórica o escenarios que se disfrazan a veces para que parezcan lo que no es.
Es cierto que Los Estados Unidos de América no tiene derecho de imponer reglas a otro país. Esa es una verdad establecida en normas internacionales, para garantizar la supervivencia entre países, pero no ha funcionado así en la realidad de la historia humana. La URSS impuso a los países del bloque el sistema a seguir y llegó a intervenir militarmente en las ocasiones que Hungría primero y Checoslovaquia después, intentaron separarse de esas concepciones. La cruda realidad, la historia, nos muestra que los territorios más poderosos han impuesto reglas y han ocupado regiones a lo largo de sus recorridos históricos. Rusia comenzó con 700,000 kilómetros cuadrados y terminó con cerca de veinte millones. Los Estados Unidos de América comenzaron con la unión voluntaria de trece colonias y terminaron ocupando y comprando territorios hasta alcanzar diez millones de kilómetros cuadrados. A Cuba la ocuparon en 1898 cuando le declararon la guerra a España. Al finalizar el conflicto luego de firmado el Tratado de Versalles, los victoriosos se quedaron con todos los territorios que habían sido colonia española, excepto con Cuba.
Pero no es menos cierto que para retirarse del territorio exigieron que si los cubanos querían ser independientes, debían plasmar en su primera Constitución que Washington se reservaba el derecho a intervenir cuando lo estimara conveniente. De hecho, luego de retirarse en 1902, intervinieron de nuevo en 1906 y permanecieron en el territorio hasta 1909. Quienes discutieron aquella Constitución tenían una disyuntiva: rechazar la Enmienda y seguir siendo dependencia estadounidense o aceptarla y obtener una independencia a medias. Optaron por esto último. Treinta años después el Congreso estadounidense anuló la vejaminosa Ley.
Digo esto, porque las negociaciones políticas se diferencian de las comerciales en que necesariamente y por lo general en todos los casos, no se puede optar por todo o nada. Especialmente porque en esas negociaciones hay que velar con responsabilidad por terceros que no están presentes durante las discusiones. Esos terceros son la población que conforma la sociedad en cuestión.
Si las negociaciones actuales entre La Habana y Washington no conllevan renunciar a los proyectos sociales de estado, que es la esencia de su sistema político y piedra angular del proceso cubano, ni se intenta imponer las personas gobernantes, sino que esos aspectos quedan como derecho exclusivo del estado cubano, las puertas para un arreglo favorable a todos quedan abiertas y el gobierno estadounidense actual pudiera de una vez y por toda comenzar la tediosa tarea de convencer al Congreso y el “establishment” que lo alimenta, para eliminar el embargo, el cual no es una disposición gubernamental, sino una Ley del estado estadounidense.
No es fácil hacerlo. No es fácil, tal y como reza el dicho popular de una sociedad que arrastra los pies para hacer posible su diario vivir…No es fácil, pero es posible con cordura y respeto.
No se van a reunir dos enemigos. Lo primero que tiene que hacer Washington es olvidar que hace más de sesenta años le aplicaron a Cuba la Ley de Comercio con el Enemigo, convirtiendo a Cuba en un país enemigo. Ninguna Ley cubana considera a Los Estados Unidos de América su enemigo. En cambio, la Ley de ese estado vecino establece que Cuba lo es.
A la hora de conversar no puede haber rencillas como no las hubo entre Henry Kissinger y el vietnamita Lê Đức Thọ, quienes con los meses se convirtieron en amigos. Lo mismo sucedió entre Richard Nixon y Mao Zedong. Igualmente ocurrió entre Raúl Castro y Barack Obama. Dos oponentes que pueden ser amigos y no dos enemigos que tienen que desenvainar las armas.
Así veo las cosas y debemos confiar en la Providencia o la fuerza de la razón, cualquiera que sea la creencia del lector, para que los caminos que hoy se repelen en tonta colisión, puedan confluir como consecuencia de esas conversaciones, desarrollando una nueva ruta conducente a un horizonte de paz.
