Nadie puede entender como
EE.UU. restringe las cuentas de emprendedores privados cubanos mientras Cuba amplía su apertura económica

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Una nueva modificación de las regulaciones estadounidenses sobre Cuba vuelve a colocar en el centro del debate al sector privado de la isla.
Desde este 30 de septiembre, emprendedores privados cubanos que utilizaban determinadas cuentas bancarias en Estados Unidos bajo una autorización establecida en 2024 enfrentan nuevas restricciones después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, revocara esa autorización.
Según la información publicada por diferentes medios, las instituciones financieras estadounidenses deberán bloquear los fondos y cuentas que dependían exclusivamente de la autorización eliminada y reportarlos a la OFAC. Sus titulares necesitarían solicitar una licencia específica para acceder posteriormente a esos fondos, salvo que resulte aplicable alguna otra autorización.
La medida adquiere especial relevancia porque alcanza directamente a un sector privado cubano que Washington ha declarado públicamente que desea estimular. Es la contradicción de la contradicción.
La posición de Washington
La política estadounidense se sustenta en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5 (NSPM-5), reemitido por el presidente Donald Trump en junio de 2025.
Entre sus objetivos declarados figura impedir que las actividades económicas beneficien desproporcionadamente al Gobierno cubano y a estructuras militares, de inteligencia y seguridad.
Pero el propio documento estadounidense establece también como objetivo “fomentar el crecimiento de un sector privado cubano independiente del control gubernamental”.
Es precisamente aquí donde aparece una cuestión que merece atención.
Si Washington pretende diferenciar entre las estructuras estatales y militares cubanas y los emprendedores privados, ¿qué consecuencias tendrá una regulación que restringe el acceso de esos mismos emprendedores al sistema financiero estadounidense? Nada, es echarle mas leño al bloqueo.

El canciller cubano
Bruno Rodríguez está muy claro al precisar: Estados Unidos “ataca” al sector privado que dice querer ayudar
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, reaccionó a las nuevas medidas señalando que Estados Unidos “ataca” al sector privado cubano “que dice que quiere ayudar”.
Su declaración representa la posición oficial del Gobierno cubano ante la decisión estadounidense y pone el énfasis precisamente en lo que La Habana considera una contradicción entre el discurso de Washington y los efectos de las nuevas restricciones.
La administración estadounidense, por su parte, sostiene que su política busca aumentar la presión sobre las estructuras gubernamentales y militares cubanas y, simultáneamente, favorecer una actividad económica privada independiente.
Son dos interpretaciones políticas diferentes. Los efectos económicos concretos de las nuevas disposiciones permitirán evaluar hasta dónde ambos objetivos pueden coexistir.
También desaparecen las operaciones U-Turn
El cambio va más allá de las cuentas de determinados emprendedores.
La OFAC también elimina la autorización para las denominadas transacciones U-Turn, mediante las cuales instituciones financieras estadounidenses podían procesar transferencias relacionadas con Cuba cuando el dinero se originaba y terminaba fuera de Estados Unidos.
Esto significa una reducción adicional de los canales disponibles para determinadas operaciones financieras internacionales relacionadas con Cuba.
Al mismo tiempo, se amplían las restricciones vinculadas a entidades incluidas en la absurda Lista Restringida de Cuba.
Cuba se mueve en dirección diferente
El contraste resulta particularmente significativo porque las nuevas restricciones estadounidenses coinciden con medidas adoptadas recientemente por Cuba para ampliar determinadas posibilidades económicas de su sector no estatal.
Según la información publicada sobre la Resolución 102/2026, Cuba eliminó el requisito de autorización previa del Banco Central para que determinados actores económicos privados abran cuentas en moneda extranjera.
Mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia pueden utilizar esas cuentas, bajo las condiciones establecidas, para recibir determinados ingresos en divisas, efectuar pagos al exterior, realizar transferencias y efectuar operaciones de compraventa de moneda extranjera.
La Habana ha anunciado además un conjunto mucho más amplio de medidas económicas destinadas a modificar el funcionamiento de diferentes sectores de su economía.
Se produce así una situación que merece seguimiento periodístico: mientras Cuba flexibiliza determinados mecanismos financieros para sus actores económicos privados, Estados Unidos restringe algunas de las vías que les permitían operar dentro de su sistema bancario.
¿Quién termina recibiendo el impacto?
Esta es probablemente la pregunta fundamental.
Las sanciones estadounidenses tienen como objetivo declarado castigar y presionar al Gobierno cubano y limitar los recursos disponibles para determinadas estructuras estatales y militares. Pero lo cierto es que dicho castigo va directo a la población violando los derechos humanos de las Naciones Unidas.
Sin embargo, cuando una medida alcanza cuentas y operaciones de emprendedores privados, corresponde analizar también sus efectos sobre comerciantes, importadores, pequeños empresarios y otros actores económicos que no necesariamente forman parte de esas estructuras.
El sector privado cubano participa hoy en actividades de importación, comercialización y prestación de servicios dentro de una economía marcada por severas dificultades de abastecimiento, energía y acceso a divisas.
Por ello, cualquier restricción adicional sobre sus mecanismos financieros puede tener consecuencias que trasciendan al empresario individual y alcancen también a proveedores y consumidores.
Una contradicción que merece respuestas
Washington declara que quiere fortalecer al empresario privado cubano. Cuba afirma estar ampliando espacios para ese sector. Al mismo tiempo, las nuevas disposiciones estadounidenses reducen determinadas posibilidades financieras que habían sido habilitadas en 2024.
La cuestión, por tanto, no debería limitarse al enfrentamiento político entre Washington y La Habana.
La pregunta concreta es otra:
¿Estas nuevas restricciones debilitan exclusivamente las estructuras que Estados Unidos pretende sancionar o terminan dificultando también el crecimiento del sector privado cubano que Washington afirma querer fomentar?
Esa interrogante merece respuestas basadas en los resultados de la medida y, especialmente, en sus consecuencias para los cubanos que intentan producir, importar, comerciar y desarrollar sus propios negocios.
En una relación Cuba–Estados Unidos caracterizada durante más de seis décadas por sanciones, restricciones y confrontación política, las consecuencias económicas de cada nueva decisión vuelven a recaer sobre una realidad mucho más compleja que el discurso de cualquiera de las dos partes.
Hay que repetir que la era que impone EE UU a Cuba es la contradicción de la contradicción.