por Carlos Alzugaray Treto
por Carlos Alzugaray TretoEl 3 de enero de 1961, la administración de Eisenhower rompió relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. El Gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro llevaba solamente dos años en el poder.
Esa decisión, basada en un objetivo general supuestamente alcanzable rápidamente por otras vías no diplomáticas —el cambio de régimen— tuvo consecuencias no buscadas. Entre ellas, que Washington siguió conduciendo su política hacia Cuba sin tener contactos normales con La Habana. Muchas decisiones posteriores de Estados Unidos tuvieron resultados fallidos, entre otras causas, por una errónea evaluación sobre lo que estaba pasando en la Isla.
No tener una embajada ante un país significa, en la mayor parte de los casos, que tampoco se cuenta con una apreciación justa de las situaciones ni un instrumento adecuado para proteger los intereses legítimos propios.
Aunque hoy por hoy hay relaciones diplomáticas formales, están lejos de ser normales. La responsabilidad es de la administración Trump, la que, con sus actos unilaterales y arbitrarios, las han llevado al borde de la ruptura.
Se sabe que el proceso de restauración previo fue lento y prolongado. Sus hitos principales fueron el establecimiento de relaciones cuasi diplomáticas en septiembre de 1977, a través de la creación de secciones de intereses, y la reapertura de las embajadas en julio del 2015, después del acuerdo entre Raúl Castro y Barack Obama del 17 de diciembre del 2014, por el cual se decidió reanudar las relaciones diplomáticas.
Debe recordarse que entonces Cuba exigió, como condición previa a la cual Estados Unidos accedió, la retirada del país de la lista de “Estados Promotores del Terrorismo”, en la cual había sido incluida arbitraria e injustamente por la administración Reagan en 1982. La decisión se produjo una vez tramitado el proceso jurídico que guía estos casos, según las regulaciones estadounidenses.
Aunque en 1959 la administración Eisenhower utilizó como excusa una demanda cubana de que se aplicara el principio de reciprocidad en el número de diplomáticos de ambos países en sus respetivas misiones, la evidencia demuestra que, desde mucho antes, la embajada en Cuba no era funcional a la política aprobada desde principios de 1960.
El 17 de marzo de 1960, el Consejo de Seguridad Nacional había aprobado el “Programa de Acciones Encubiertas contra el régimen de Castro” propuesto por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El 28 de octubre, el Departamento de Estado había ordenado el regreso de su embajador, Philip W. Bonsal.1
El rompimiento fue el prólogo de muchas otras acciones agresivas, entre ellas la invasión a Playa Girón en abril de 1961 y el establecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, en febrero de 1962. El cálculo que se hizo en el Departamento de Estado fue que la embajada y las relaciones se reabrirían rápidamente, pues era imposible que el gobierno de Fidel Castro sobreviviera al Programa aprobado, como ha recordado Wayne Smith, tercer secretario de esa misión y uno de los diplomáticos norteamericanos de carrera que mejor llegó a conocer Cuba, en su libro de memorias, The Closest of Enemies: A Personal and Diplomatic History of the Castro Years.2
Aunque a través de los años Washington ha enviado a Cuba a funcionarios con rango de embajador para ponerlos al frente de su misión cuasi diplomática (la sección de intereses entre 1977 y 2015) y diplomática (la embajada, desde su reapertura en el 2015 hasta nuestros días), por una razón u otra se puede afirmar que Philip W. Bonsal, entre 1959 y 1960, fue el último embajador en propiedad.
El rango y comportamiento de los funcionarios diplomáticos norteamericanos en Cuba ha sido un buen termómetro para medir los verdaderos propósitos de las distintas administraciones.
Cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas y se reabrieron las embajadas en el 2015, el presidente Barack Obama propuso como embajador al hasta entonces jefe de la sección de intereses, Jeffrey DeLaurentis, un funcionario de carrera que ya había cumplido dos misiones anteriores en Cuba (1991-1993 y 1999-2001), y quien se desempeñó como encargado de negocios desde la apertura de la embajada, en el 2015, hasta el fin de su misión en el verano del 2017. DeLaurentis tenía la ventaja de detentar ya el rango de embajador. Sin embargo, el Senado en manos republicanas no lo aprobó para Cuba, aunque ya lo había aprobado para representante alterno de Estados Unidos ante la ONU en el 2011.
La probabilidad de que el presidente Biden dé pasos para retomar el proceso de normalización de relaciones ha conducido a la inferencia de que uno de esos pudiera ser nombrar un embajador en La Habana. Así lo ha insinuado en el sitio web del U.S.-Cuba Trade & Economic Council su director, John Kavulich, quien incluso ha sugerido una lista de 15 posibles candidatos, en su mayoría hombres de negocios, excongresistas y senadores. Llama la atención que entre los mencionados no hay ningún funcionario de carrera del Departamento de Estado.
Esta circunstancia indica que el tema merece alguna atención y puede resultar de importancia para encausar las relaciones bilaterales por un carril más positivo.
A diferencia de otros casos anteriores, como los acontecidos entre Estados Unidos y China o Vietnam, el acuerdo alcanzado en el 2014 puso el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la reapertura de las embajadas y el nombramiento de embajadores en el centro del proceso de normalización y lo priorizó por arriba de otros pasos.
Puede decirse que mantener relaciones diplomáticas con embajadas abiertas y embajadores al frente constituye una suerte de blindaje para garantizar el éxito del camino iniciado.
