Jorge Gómez Barata
Asesinar a un mensajero y devolver su cadáver es la más radical de las respuestas, y expresa el rechazo visceral al diálogo. Es lo que acaba de ocurrir en Bolivia, donde en una tentativa de negociar con cooperativistas mineros fue torturado y linchado el viceministro de Régimen Interno y Policía Rodolfo Illanes Alvarado.
En la mañana del jueves 25 el viceministro Alvarado partió rumbo a Panduro, a unos 180 kilómetros de La Paz. Fue interceptado por un grupo de mineros, tomado como rehén, y llevado por la fuerza al cerro La Antena. Al atardecer, su cadáver se encontró al borde la carretera. La autopsia reveló que fue torturado hasta provocarle la muerte.
Desde la conquista la minería era el principal recurso económico de Bolivia, tradicionalmente explotado por la oligarquía nativa y empresas extranjeras. La actividad aporta el 25 por ciento de las exportaciones. Los mineros, incluidos los cooperativistas, constituyen el núcleo de la clase obrera, el destacamento mejor organizado y más combativo. Sus movilizaciones son temidas por disponer de dinamita, que saben utilizar.
Las cooperativas mineras, actualmente más de 1700, en su mayoría dedicadas al oro, se originaron hace alrededor de 80 años en medio de la crisis que afectó a los Estados Unidos en los años treinta, y redujo la demanda de mineral, provocó el cierre de muchas minas, y el crecimiento del desempleo en Bolivia.
Los mineros, un sector tradicionalmente explotado y sometido a duras condiciones de trabajo, tanto por las transnacionales como por empresarios privados locales, soportaban condiciones especialmente precarias en el sector cooperativo, lo cual explica la atención brindada por el presidente Morales, en ocasiones criticado por sobreprotegerlos, beneficiándolos con bajos impuestos y regalías. Tal vez haya criado cuervos.
Estos mineros se agrupan en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN), durante un largo período aliada al presidente Evo Morales, que como se sabe debutó en la política como líder sindical. Jurídicamente las cooperativas son entidades privadas que, por su número, solvencia económica, y organización, han alcanzado extraordinaria influencia política.
El conflicto actual, que involucra a cooperativistas de todo el país, surgió a mediado del mes de agosto, cuando el gobierno promovió la reforma de las leyes rectoras del sector, medida asumida por los mineros como una «declaración de guerra», respondida con acciones de protestas, entre ellas el bloqueo de carreteras, lo cual provocó violentos enfrentamientos con la policía, ocasionando varios muertos entre agentes del orden y mineros.
Entre las demandas de los cooperativistas mineros figuran mayores concesiones, reformas a la Ley de Cooperativas que les permita alquilar o ceder al sector privado nacional o extranjero concesiones realizadas para ellos por el estado, y la legalización de unas treinta sesiones realizadas al margen de la ley.
Los líderes mineros, que según se afirma son empresarios disfrazados de trabajadores, pretenden una habilitación para asociarse y negociar de modo independiente con el sector privado, especialmente con transnacionales extranjeras. Reclaman además la flexibilización de normas ambientales, preferencias en el pago de la electricidad y el agua, y creación de un ministerio para el sector cooperativo. La federación rechaza la disposición que autoriza a los mineros a sindicalizarse.
En cualquier caso la presente crisis es el peor momento político afrontado por el presidente Evo Morales, y ello se suma a otras dificultades y a la tendencia general de auge de la derecha restauradora en Sudamérica. Seguramente no tendrá una rápida solución y puede escalar peligrosamente. Allá nos vemos.
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*Este artículo fue escrito para el diario mexicano ¡Por Esto! Al reproducirlo o citarlo, indicar esa fuente
