Hoy mi columna se la entrego al periodista José Luís Camellón de Sancti Spiritus, Cuba.

Una ley para el potrero

La Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería que debe aprobar por estos días el Parlamento cubano puede convertirse en un valioso instrumento para armonizar el rescate y desarrollo de la actividad más estancada de todo el sistema de la Agricultura

Parece que a Don Pío se le acorta el tiempo de retozo en el potrero, que el descontrol tiene lo días contados, que por fin la ganadería tomará un camino coherente con el rescate y desarrollo para transformar la actividad más estancada de todo el sistema de la Agricultura. Hablamos de un escenario que desde la crisis de los años 90 perdió los estribos, ha vivido al borde de la subsistencia a pesar de que se le arrimaron incentivos diversos, hasta la reciente autorización del sacrificio, consumo y venta de la carne.

Por estos días se presenta al Parlamento cubano para su aprobación el proyecto de la Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería, tal vez lo único que falta por implementar en la rama, porque podrán achacárseles culpas a las carencias de recursos, pero en esta asignatura la nación no es analfabeta, al punto que detrás del desarrollo ganadero que exhiben varios países de la región está el asesoramiento cubano, mientras la isla lleva más de tres décadas de escasa producción y el reparto de la leche y la carne, atado a un balance de distribución para un reducido segmento poblacional.

Ni pensar que una ley por sí sola hará parir las vacas o engordará el torete; mas no se puede desconocer la utilidad de una norma legal necesaria para poner cercas en el potrero en el orden jurídico, de responsabilidades, derechos y obligaciones.

Tampoco la actividad puede seguir por el rumbo de la improvisación y la espontaneidad, ni bajo la lupa de estériles reuniones, informes y llamados, cuando sus resultados dependen también de recursos, de cómo se encauza la gestión y se logra coherencia en medio de una agricultura especializada con una base productiva diversificada, concentrando el mayor porcentaje del rebaño en manos de tenedores muy dispersos, fuera del alcance del Grupo Ganadero.

El todavía proyecto de ley nace del ámbito de la implementación del cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular y agrupa un cuerpo legal enfilado a favorecer la transformación de un sector en agudo deterioro productivo y urgido de revertir su impacto en la economía y la alimentación popular.

El hecho de que días atrás la Comisión Agroalimentaria del Parlamento haya sometido la norma a consulta con avezados ganaderos espirituanos no fue casual, más bien reconoce el arraigo de la rama en el territorio. Puntuales y valiosas modificaciones se le sugirieron al proyecto de ley, acogido favorablemente por productores, especialistas y directivos de la rama.

Del fértil intercambio emanó que apura aterrizar la lógica en la ganadería, porque hace rato la pirámide se invirtió; por ejemplo, en Sancti Spíritus el grueso del rebaño lo tiene el sector cooperativo y campesino integrado a empresas agropecuarias atendidas por el Grupo Agrícola del Ministerio de la Agricultura.

Ramón Balmaseda, un experto en la materia, dio luz al proyecto de ley. “En el radio de acción de la mayoría de los tenentes están las empresas agrícolas, que no tienen estructurada la organización y el funcionamiento de la parte técnica y de servicios ganaderos; entonces, el llamado Grupo Ganadero atiende tres empresas pecuarias en la provincia, dueñas de un reducido segmento de la masa vacuna; pero ese grupo no le pone nada de recursos a una empresa del Grupo Agrícola, y esta empresa tampoco le pone nada al campesino, que es en definitiva el que está produciendo el grueso de la leche y la carne; la ganadería es una sola”, recalcó.

No es que tenga que dictarse una ley para atajar incongruencias de este tipo, pero la norma sí se vuelve un instrumento legal atemperado al escenario actual que desde el postulado enrumba al ordenamiento, a servir de basamento para incentivar a los productores, los procesos de crianza, la reproducción, la genética, el control pecuario y la comercialización.

Claro que para sacar la actividad y sus producciones del fondo del potrero hace falta más que una ley; se requieren recursos, fuerza calificada, extensionismo del conocimiento y las buenas prácticas; rescatar la genética y muy en particular la inseminación artificial como se subrayó en la consulta del proyecto de ley en Sancti Spíritus, “porque sin reproducción no hay vaca, ni leche, ni carne”.

Será importante que el productor entienda que es el principal responsable del animal, que lo cuide y lo quiera. Los cubanos esperamos que ahora con una ley, que en este ámbito lo recoge todo, en la ganadería la vida no puede seguir igual, aplaudiendo planes y resultados que apenas benefician a un reducido número de habitantes, reciclando años tras año estadísticas que estremecen la sociedad, como esas que trascendieron durante la consulta de la norma en el territorio: “A nivel de país nos matan ilegalmente 40 000 reses, pero se nos mueren 200 000”.

La Ley de Ganadería llega en la era del sacrificio legal de la res, pero en medio de un rebrote del hurto y la matanza ilícita, donde al parecer no hay soga para amarrar el delito y se revela otra pirámide invertida: las vacas trancadas en los corrales y los bandoleros sueltos en los potreros, de manera que el animal se pasa buena parte del día encerrado para que no se lo roben, en tanto los entendidos suscriben que, dado el origen biológico de la especie, la vaca debe dormir y permanecer más tiempo en el potrero.

Se dispondrá de una norma legal llamada a ir más allá del propósito alimentario e impactar en el desarrollo económico del país; por eso todo lo que se haga en el terreno agropecuario debe tributar a la transformación del campo, golpeado por la migración, la escasez de brazos, la merma productiva, el debilitamiento de los servicios y la falta de atención a las comunidades rurales. Desde el perfil de la ley, toca conducir también un modelo de gestión que haga el campo atractivo, sobre todo para los jóvenes.

Para aquilatar la trascendencia que adquieren esta u otra norma relativas al sector agropecuario hay que abrir los ojos ante el escenario laboral que expuso la Comisión Agroalimentaria del Parlamento en el intercambio con los ganaderos espirituanos; tal vez uno de los fenómenos más serios de cuantos enfrenta el país.

De la población económicamente activa, el 80 por ciento de la fuerza de trabajo en Cuba está en actividades indirectas, por lo cual no genera bienes, sino consume; el 47 por ciento en el sector presupuestado, el 53 por ciento en el sector empresarial, pero de ese nivel de empleo el 30 por ciento está en cargos indirectos. Dicho en lenguaje criollo: al 20 por ciento de las manos le toca generar bienes y alimentos para el 80 por ciento de los habitantes.

El mismo escenario en el que tendrá que interactuar pronto la Ley de Ganadería, que no puede verse como una varita mágica que de hoy para mañana pondrá leche y carne en la mesa familiar, porque el retroceso de años no lo resuelve una norma legal; tal recuperación depende también de financiamiento, respaldo material, el modelo de gestión e incentivos atemperados al contexto actual, en aras de aprovechar todas las potencialidades productivas de una actividad que parece dibujada para la isla: lleva tierra y la alimentación del rebaño no compite con la comida humana.

De momento, está en manos del Parlamento aprobar la norma que debe guiar el rescate de la depauperada actividad. Si hace una Ley de la Ganadería es para que tenga un impacto y en no mucho tiempo empiece a expresarse el cambio tan esperado por la población. Como se diría en el argot guajiro: ahora se está pintando el pájaro, después falta hacerle el pico y que coma.