La dictadura a paso lento pero segura

Con rapidez inusitada ha construido un híbrido donde se entreteje democracia con dictadura, adquiriendo su presidencia un carácter cada vez más autoritario. Aunque el autoritarismo no conduce necesariamente a la dictadura, aquellos que logran reprimir y convertir ese mecanismo en un factor angustiante de incertidumbre, que obligue al ciudadano a tenerlo presente cada que vez que se dispone a opinar o inclusive al momento de pensar, en el lenguaje sociopolítico se cataloga como dictatorial, o sea el momento en que el ciudadano tiene que pensar cómo va a pensar o expresarse.

Para lograr esto, lo más fácil es convertir esa represión en algo que está siempre presto a ocurrir, para lo cual se establecen patrones que pueden ser explícitos o implícitos y cuya diaria repetición, de ser posible las 24 horas del día, junto a factores de sorpresa, ayudan a introducir miedo visceral.

Para arribar a esta situación lo más conveniente es inventar enemigos aprovechándose de la existencia de factores objetivos como grupos étnicos, países adversos o cualquier factor existente que, de no administrarse de modo adecuado, pueda ocasionar problemas reales a la estabilidad política de la administración. Una vez identificado ese factor, lentamente y a veces con rapidez inusitada, el peligro se convierte en parte del ideario social y sobre las voluntades gravita el temor a perder espacios de bienestar, la libertad física o la vida misma.

Trump ha escogido como enemigo al emigrado. Los trabajadores individuales o sindicados no hubiesen sido un factor muy adecuado. El inmigrante constituye el enemigo perfecto, porque es menos hiriente a la sensibilidad ciudadana, ya que ésta en su mayoría nació en el territorio, aunque sus ancestros, de tres o cuatro generaciones anteriores también fueron inmigrantes que llegaron a estas tierras en busca de mejor destino como ha ocurrido en todos los territorios terráqueos desde los comienzos de la humanidad. El movimiento de grupos y personas de un territorio a otro, es una conducta inherente a los seres humanos desde el comienzo de los tiempos. Incluso los animales la practican.

Uno de esos mecanismos que intenta asegurar un balance, es el judicial. Cuando Donald Trump asumió la presidencia y comenzó a dictar “órdenes presidenciales” para imponer una agenda que el legislativo (léase Congreso), o sea el órgano más representativo del país, no está dispuesto a aprobar y en algunos casos ni siquiera a discutir, descubrió que los tribunales federales podían crearle escollos. Por consiguiente, había que buscar el modo de eliminarlos o al menos limitarlos. Para ello podía contar con la Corte Suprema de Justicia.

Al discutirse la Constitución de Estados Unidos de América en 1786, su primer artículo fue dejar en claro que todo el poder legislativo recae en el Congreso. El segundo poder que menciona la Constitución es la presidencia (y es importante señalar que la presidencia es una institución y no es el presidente). El tercer poder mencionado, que forma parte de la trilogía del mando para asegurar un balance a los posibles excesos y malas interpretaciones humanas, es el Poder Judicial, representado en la Corte Suprema.

Pero, a pesar que las Cortes Inferiores están imbricadas a la Corte Suprema, estas son nombradas por el Congreso y las integran los jueces de distritos, quienes a su vez son nombrados por el presidente de la república de manera vitalicia.

Trump ha tenido a su favor a la mayoría de ambas cámaras y una Corte Suprema partidista, orientada ideológicamente y donde la mayoría de los nueve miembros que la integran son conservadores radicales. Apoyado en esto pensó que todo correría sobre ruedas para actuar a su capricho. Pero resultó que algunos jueces de distrito, muchos de ellos elegidos por el mismo Trump en base a su ideología, impugnaron algunas de sus órdenes presidenciales.

Ante esta situación la arremetió contra el Poder Judicial y en este punto requería de la institución que lo rige, o sea, la Corte Suprema.

Aprovechando las demandas contra el gobierno por la orden presidencial que pretende eliminar la ciudadanía de los nacidos en el territorio de padres indocumentados, los jueces de la Corte decidieron reunirse para deliberar sobre la legalidad de esta. Con ese pretexto y obviando el tema de la constitucionalidad de dicha orden, concluyeron que había que limitar la capacidad de los jueces de distrito.

En cumplimiento de sus funciones, la mayoría conservadora escribió que «los mandatos judiciales universales probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales», y concedió «las solicitudes del gobierno de suspensión parcial de los mandatos judiciales presentados en el presente caso, pero solo en la medida en que estos sean más amplios de lo necesario para proporcionar un alivio completo a cada demandante con legitimidad para demandar».

Con esta decisión la Corte Suprema concede una suspensión de la solicitud del presidente Donald Trump de impedir que los tribunales inferiores emitan órdenes judiciales universales, lo que supone una victoria para el gobierno, por cuanto ninguna de sus órdenes puede ser impugnada de modo general sino individualmente. Eso le deja el camino expedito para gobernar por decreto dentro de gran número de instancias.

La jueza Amy Coney Barret uno de los nueve miembros de la Corte Suprema manifestó en representación de la mayoría:

«Las solicitudes no plantean —y, por lo tanto, no abordamos— la cuestión de si la Orden Ejecutiva viola la Cláusula de Ciudadanía o la Ley de Nacionalidad». «La cuestión que nos ocupa es la reparación: si, en virtud de la Ley Judicial de 1789, los tribunales federales tienen autoridad equitativa para emitir mandatos judiciales universales».

En el ámbito legal, la autoridad equitativa se refiere al poder que tiene un tribunal o juez para dictar decisiones basadas en principios de justicia, equidad y conciencia, más allá de la aplicación estricta de la ley escrita.

«Un mandato judicial universal sólo puede justificarse como ejercicio de autoridad equitativa; sin embargo, el Congreso no ha otorgado tal facultad a los tribunales federales», añadió.

 Debemos señalar que, aunque lo anterior es cierto, también tiene otras aristas constitucionales que no permiten hacer semejante aseveración de modo absoluto. Y de no existir una Corte Suprema secuestrada ideológicamente el asunto es más complejo y no podría admitirse con tanta rapidez, la conclusión de la Corte Suprema alegando que los jueces de distrito no pueden emitir mandatos judiciales universales. Pero la Corte pertenece a Trump y los Fundadores de este país no previeron realidades como las que hoy vivimos.

 A partir de ahora, las órdenes judiciales sólo podrán proteger a las partes directamente involucradas en el litigio, no a toda la población afectada.

La Corte habilidosamente no se pronunció sobre la constitucionalidad de esa orden ejecutiva eliminando el derecho a la ciudadanía por nacimiento, pero en cambio, basada en los pormenores del caso, dictaminó que los tribunales inferiores no pueden bloquearla universalmente mientras se resuelve su legalidad.

De este modo el presidente Trump da un paso más en su camino de absolutizar su poder y avanzar hacia esa dictadura híbrida que ya denunciamos, limitando lentamente a los organismos que permiten balancear el poder de los gobernantes.

La prohibición a los tribunales federales de emitir órdenes judiciales universales, otorga mayor inmunidad al presidente.

Este logro se suma su chantaje a los centros educativos de alto nivel para obligarlos a denunciar aquellos estudiantes que se manifiestan en contra de sus políticas nacionales o internacionales; la utilización de términos represivos como su referencia a “los enemigos internos”; sus amenazas contra aquellos que rechazan y critican públicamente su modo de gobernar, utilizando la ofensa y la mofa contra senadores, representantes y ciudadanos notables, con lo cual crea en muchos la visión de una figura paterna, infalible y todopoderosa; el consentimiento al Departamento de Inmigración de métodos represivos brutales en su campaña contra los emigrados, logrando con esto un clima tóxico de terror en el ciudadano común y pacífico, alarmado cada vez más por el uso de la fuerza por el estado.

Lamentablemente va cerrando el círculo y llegará el momento que pondrá limitaciones a los aspirantes a puestos públicos, porque su meta es deshacerse de las normas que han hecho posible el crecimiento zigzagueante pero recto, de un sistema constitucional, que justamente acaba de cumplir 238 años.