Sin difíciles debates ni extensas reuniones, en algunos lugares, los corruptos avanzaron más en la integración económica que los políticos. Ningún ejemplo mejor que «Lava Jato”, una operación policiaca que revela la mayor trama de corrupción que ha implicado al sector privado con instituciones gubernamentales de Brasil y una docena de países de la región, con implicaciones en Estados Unidos.
El epicentro se ubicó en Petrobras, la mayor empresa de América Latina y la cuarta entre las petroleras del mundo. Extrae dos mil millones de barriles diarios, y emplea unos 90 000 trabajadores. Está asociada con cerca de 80 compañías de todo el mundo, y cuenta con representaciones en 20 países. La entente cordial se completó con otros gigantes de la industria continental, como las constructoras Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galvão, OAS y la petroquímica Braskem.
La operación comenzó cuando, para realizar grandes obras de construcción e ingeniería, Petrobras convocaba licitaciones para adjudicar multimillonarios contratos a quienes presentaran las mejores ofertas. Copada por funcionarios venales, los trabajos se encargaban a quienes pagaran las mejores coimas. El dinero se repartía entre directivos de Petrobras, las constructoras, y los funcionarios públicos que amparaban las operaciones. Con el tiempo las empresas extendieron el procedimiento a una docena de países latinoamericanos.
En 2014 la Policía Federal obtuvo pistas que condujeron a Petrobras y Odebrecht. Comenzó así Lava Jato conducida por Sergio Moro, juez federal, especializado en lavado de dinero en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, quien actuó sobre un centenar de funcionarios de las empresas e instancias políticas involucradas. Algunos abogados han impugnado sus acciones por considerarlas selectivas y politizadas.
El principal método utilizado por la policía y la fiscalía ha sido la “Delación Premiada”, un recurso por el cual un acusado es tratado con benevolencia a cambio de colaborar con la investigación y delatar a otros implicados. Aunque ninguno ha sido formalmente implicado, de alguna manera cuatro expresidentes brasileños: Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, Luis Ignacio Lula y Dilma Rousseff, y algunos de otros países, han sido salpicados.
Debido a que tanto Petrobras como la constructora Odebrecht operaban en Estados Unidos y utilizaban sus bancos, fueron investigadas por el Departamento de Justicia. La constructora se declaró culpable del pago de dadivas por alrededor de 788 millones de dólares en Brasil y una docena de países latinoamericanos. Según Estados Unidos se trata del mayor pago de sobornos en el extranjero de toda la historia. Solo en ese país Odebrecht deberá abonar una multa de 3 500 millones de dólares.
En una reacción positiva, prácticamente todos los países donde operaban las empresas corruptas, y cuyas organizaciones económicas o funcionarios han sido de alguna manera involucrados, han reaccionado ordenando indagaciones, paralizando o cancelando los contratos con tales entidades.
Los delitos económicos internacionales no son una rareza. Entre los más conspicuos figuran el saqueo del Nuevo Mundo, la trata de esclavos, el despojo de propiedades y bienes de los judíos por el fascismo, la explotación de reclusos, la utilización de mano obra infantil, practicada actualmente incluso por sofisticadas empresas trasnacionales, esto solo por poner algunos ejemplos.
Suele ocurrir que, tanto a escala local como internacional, la economía y los negocios avanzaban más rápidamente que la moral y el derecho, generando vacíos de los cuales inescrupulosos negociantes se aprovechan. La globalización es un producto de la civilización, lamentablemente la corrupción también lo es. Allá nos vemos.
