Resulta difícil entender que Puerto Rico, la colonia estadounidense en el Caribe, padezca una enorme crisis económico-financiera y que la metrópolis no la haya ayudado a solventarla.
Este país se declaró en una especie de quiebra, pues tiene una deuda de más de 70 000 millones de dólares y el gobernador, Ricardo Rosselló, declaró que tomó la decisión de solicitarle a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por el Congreso de Estados Unidos desde junio 30 de 2016, que se acoja a la protección del Titulo III para trabajar en forma estructurada e intentar cancelar los pagos bajo los parámetros del plan fiscal.
La JSF fue creada por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama debido a la crisis de la deuda pública puertorriqueña con el objetivo de reestructurar las cuentas de la colonia denominada eufemísticamente Estado Libre Asociado (ELA) que desde 1898 ha sido controlada política, económica y financieramente por Washington.
Por las normativas vigentes, el Capitolio norteamericano es el órgano que posee el último poder sobre la pequeña isla caribeña.
Esta Junta de Supervisión tiene bajo su control las finanzas de Puerto Rico y ostenta la potestad de poner en marcha planes de austeridad, reformar la legislación del país caribeño y ajustar sus prioridades económicas.
El Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, también conocida como Ley Promesa, prevé el inicio de un proceso supervisado de reestructuración en caso de que los acreedores y el Gobierno no logren acuerdos para los pagos de deuda. Se imponía además un “paro o suspensión contra los litigios” que venció el pasado primero de mayo.
Como esa solución no se logró porque tras terminar la congelación de litigios varios inversionistas de bonos demandaron al ELA, eso provocó que el Estado solicitara aplicar el Titulo III y ahora el país deberá reestructurar parte de su deuda en los tribunales.
De esa forma, un juez federal de la corte distrital determinará cómo se reestructurará la misma, mientras tanto, los tenedores de bonos no podrán hacer nada durante los próximos 120 días.
Está previsto que la todopoderosa Junta de Supervisión funcionará hasta que la isla cumpla cuatro años seguidos sin déficit fiscal.
Analicemos ahora la situación de la población y algunas de las causas que llevaron al país hacia ese enorme endeudamiento.
Un 45% de los ciudadanos vive por debajo de la línea de pobreza y hay una tasa de desempleo del 15%. El abogado Carlos E. Ramos, catedrático de la Universidad Interamericana de San Juan, explicó a la publicación Sputnik que “bajo la teoría del endeudamiento progresivo, el país tiene una infraestructura y una apariencia de modernidad que hace que muchos se confundan cuando lo visitan por un tiempo breve».
Hace aproximadamente un año y ante la enorme deuda, el gobierno y la JSF decretaron recortes por cerca de 2 000 millones de dólares al gasto público anual hasta 2020 (cerca del 20 % del presupuesto actual) y de 2 500 millones hasta 2025.
Además, disminuir las prestaciones sociales, beneficios laborales y derechos adquiridos, facilitar el despido, cerrar escuelas y aumentar el coste de la universidad pública. En Puerto Rico sólo el 40% de la población adulta trabaja o busca empleo (el resto no aporta o lo hace en la economía sumergida). La inversión ha caído un 10 % y los activos bancarios en 30 %.
Las medidas de austeridad llevaron a que miles de personas se manifestaran en las calles y la mayor concentración se realizó el 1 de mayo, con algunos incidentes aislados. Pero, no continuaron los movimientos de protestas porque los subsidios del Congreso de Estados Unidos (en programas de alimentos) son altos y les permiten a muchos sobrevivir sin trabajar. Esto ha funcionado como una válvula de escape que evita que las manifestaciones resulten asiduas.
Pero, ¿ha pensado usted el porqué esa Isla caribeña se ha endeudado tanto en los últimos años?
La principal respuesta es que las subsidiarias norteamericanas han extraído del país, solo en la última década, 330 000 millones de dólares anuales, prácticamente sin pagar impuestos, según datos sociales oficiales.
El economista Francisco Catalán afirma que si bien el país ha estado sometido al coloniaje de Estados Unidos desde 1898, hasta 1970 la producción total de la riqueza estaba principalmente en manos de empresarios residentes por lo que se producía cierto nivel de acumulación de capitales. En las últimas tres décadas del siglo pasado, asegura, esto cambió con el apoderamiento creciente y directo de inversores de Estados Unidos.
Un informe preparado por la Junta de Planificación del país asegura que esas corporaciones le prestaron dinero al gobierno, mediante bonos en el mercado de Wall Street que conllevó a la deuda.
El documento explica que desde 1972 hasta la fecha, las subsidiarias de las corporaciones estadounidenses se han llevado de la Isla más de 716 000 millones de dólares de los cuales el 46 % ha sido repatriado en los últimos 10 años.
A las medidas de austeridad antes señaladas se une ahora el anuncio hecho por la administración colonial el pasado 5 de mayo, de cerrar 184 escuelas públicas, con lo cual busca ahorrar millones de dólares en medio de la profunda crisis económica.
Puerto Rico ha visto caer la matrícula escolar en un 42 % en las últimas tres décadas y se espera una disminución adicional de 22 % en los próximos años.
Así las cosas, los puertorriqueños, sin ser culpables de lo ocurrido, se tienen que subir al galope en la crisis económica y rogar para que el caballo no se desboque.
