Estados Unidos, Uribe y el encarcelamiento masivo como control social

El encarcelamiento masivo en Estados Unidos, con cifras que se dispararon a partir de la década del 80, es una consecuencia del rumbo neoliberal de la economía capitalista. La clase dominante lo utiliza como instrumento de control social de la población que ha quedado marginada del proceso productivo.
Fenómeno concomitante del encarcelamiento masivo es la creciente privatización de las instalaciones penitenciarias. El Complejo Industrial de Prisiones (“Prison-Industrial Complex”) se ha convertido en un negocio multimillonario. Otro fenómeno paralelo es la hipertrofia y militarización de las fuerzas represivas, en particular de la policía. Los equipos SWAT (“Special Weapons and Tactics”), unidades especiales fuertemente armadas y entrenadas, proliferan, y los presupuestos asignados a la represión se multiplican.
Contrario a la creencia más extendida en Estados Unidos, que considera demasiado oneroso para el estado el mantener en prisión o en alguno de los tipos de libertad condicionada o supervisada a una parte considerable (alrededor de 7 millones en total) de la población, es mucho más barato, desde el punto de vista neoliberal, el encerrar a esta masa de marginados que garantizarles derechos fundamentales como el empleo, la educación, la salud o la vivienda. El encarcelamiento masivo permite, además, un control eficaz de situaciones sociales potencialmente explosivas.
El éxito de esta política condujo a su exportación a los países de América Latina y de otras regiones como instrumento idóneo para el manejo de las masas intranquilas de indios, negros, mestizos y blancos pobres.
Para el plan piloto se escogió como víctima al pueblo colombiano. El 31 de marzo del año 2000 los gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmaron el Programa para el Mejoramiento del Sistema de Prisiones, el cual sirvió de complemento a la hipertrofia de las fuerzas militares y represivas bajo la cobertura del Plan Colombia, al cual fueron asignados fondos ascendentes a 9 mil millones de dólares.
Con financiamiento estadounidense se construyeron 16 nuevas prisiones, lo que representó un incremento del 40 % en la capacidad carcelaria de la nación. La primera construida bajo el programa, a un costo de 4.5 millones de dólares, fue la de Valledupar, más conocida como Tramacúa, donde las condiciones higiénicas son pésimas y la tortura es frecuente al igual que en el resto de las instalaciones penitenciarias, sobre todo con presos políticos y prisioneros de guerra.
El hacinamiento en las cárceles, lejos de mejorar con la construcción de nuevos edificios, empeoró debido a que la llamada Nueva Cultura Penitenciaria, promovida por Estados Unidos, pretende resolver los problemas que surgen de la marginación reprimiendo, criminalizando y encarcelando a los marginados. En 1998, dos años antes de comenzar a implementarse el programa, la población penal colombiana era de 51,633 reclusos. Al comenzar el año 2014 había ascendido a más de 120,000, un 130 % de aumento aproximadamente.
Lo grave es que Estados Unidos no se limita al financiamiento sino que provee asesoramiento, supervisión y formación de cuadros. Parte importante de la Nueva Cultura Penitenciaria es la militarización de las prisiones, al frente de las cuales se coloca preferentemente a graduados de la Escuela de las Américas o, más recientemente, de centros de entrenamiento del Buró Federal de Prisiones en New Mexico, Colorado, Maryland y otros estados.
Más grave aún es que Estados Unidos extiende la experiencia obtenida en Colombia a otros países del continente a través de los programas de la Iniciativa Mérida y del CARSI (“Central American Regional Iniciative”) y que en esta expansión del encarcelamiento masivo Colombia desempeña un papel clave al servicio de Estados Unidos.
Colombia participa junto a Estados Unidos en la implantación de este modelo carcelario en América Central, México y en otros muchos países del mundo. En Colombia se desarrollan programas de capacitación de cuadros en el modelo penitenciario estadounidense para miles de funcionarios, militares y policías extranjeros.
Un informe del Departamento de Estdo de Estados Unidos reveló en abril de 2012 que Colombia había entrenado a más de 11,000 agentes de policía de 20 países de Africa, América Latina y Asia en el marco de la Iniciativa para el Desarrollo Estratégico de Colombia.
Esperemos que ell uribismo no regrese para imponer la complicidad de Colombia y  que se escuchen las voces que denuncian el encarcelamiento masivo como modelo imperial cuyo objetivo es el control social de la población.