Desde hace años, el sector privado cubano ha venido solicitando de manera reiterada a las autoridades la posibilidad de importar combustible por sus propios medios, para poder operar, planificar y sostener actividades que hoy resultan esenciales para la vida del país.
Una mujer intenta abordar un triciclo eléctrico, un medio de transporte que se ha vuelto imprescindible frente a la escasez de combustibles. Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa.
Una mujer intenta abordar un triciclo eléctrico, un medio de transporte que se ha vuelto imprescindible frente a la escasez de combustibles. Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa.
En Cuba, la escasez de combustible ya no es un problema de la economía, sino una realidad desgarradora y cotidiana que se ha infiltrado en casi todos los poros de la sobrevivencia familiar. Se manifiesta en los trayectos que no se hacen, en los productos que no llegan. Es una carencia que condiciona cada detalle de la vida diaria, mucho más allá del apagón de horas y horas, y atraviesa todo el país, desde el campo hasta la ciudad.
El impacto se ve en el campesino, pequeño o mediano agricultor, cooperativista o en los trabajadores agrícolas contratados que se levantan antes del amanecer para atender los sembrados de arroz, de plátano o de frijol. Gente que ha pasado la vida trabajando la tierra, cuidando cada cosecha con paciencia. Puede estar ocurriendo que muchos de ellos tengan la producción lista, pero no tengan cómo llevarla a los mercados, principalmente a La Habana. El camión está parado.
El mercado agropecuario o el carretillero que vende en moneda nacional espera, pero la mercancía no llega. El esfuerzo de meses se queda varado en el campo, y con él se pierde también el ingreso de quienes dependen de esa venta para sostener a sus familias.
Lo mismo ocurre en la ciudad. Hay bodegones privados que no pueden reabastecerse. Hay empresas de paquetería y plataformas de venta online que no pueden cumplir rutas ni entregas. Hay transportistas privados detenidos. Hay contenedores llenos de alimentos almacenados en los puertos; proteínas que corren el riesgo de echarse a perder. Todo detenido, todo en pausa, todo dependiendo de algo tan elemental como que un motor pueda arrancar.
Esta parálisis no es nueva ni inesperada. Desde hace años, el sector privado cubano ha venido solicitando de manera reiterada a las autoridades la posibilidad de importar combustible por sus propios medios. No para especular ni acumular, sino para poder operar, planificar y sostener actividades que hoy resultan esenciales para la vida del país.
Durante los últimos años, el Estado no ha podido garantizar un suministro estable y, cuando ha contado con combustible, ha priorizado sus propias empresas. El sector privado ha quedado relegado, aun cuando su peso en la economía real no ha dejado de crecer.
Hoy el sector privado cubano no es un actor secundario ni complementario. Es, en muchos sentidos, el principal sostén del abastecimiento cotidiano del país. El sector privado importó 2200 millones de dólares en 2025 y las autoridades cubanas prevén que podrían llegar a ser 2600 millones este año. Economistas estiman que entre el 60 % y el 70 % de esos montos corresponden a alimentos.
Las importaciones privadas de alimentos han crecido hasta igualar y, en varios rubros, superar a las del sector estatal. Son las mipymes las que hoy traen gran parte de las proteínas, granos, aceites y otros productos básicos que luego se almacenan, se distribuyen y llegan a los bodegones en los barrios de todo el país.
Ese entramado no es teórico. Tiene volumen y tiene urgencia. Hay mipymes que hoy mismo tienen cientos de contenedores detenidos en el puerto de La Habana, cargados de productos alimenticios destinados directamente al consumo de la población. No están allí por falta de compradores ni por trabas externas, sino porque no hay combustible para sacarlos del puerto y moverlos dentro del país. Cada día que pasa, el impacto no es solo contable: es humano. Es comida que no llega a las mesas.
Lo mismo ocurre con mipymes dedicadas al transporte público. Vehículos de transporte privado, que durante años han aliviado la movilidad urbana e interprovincial, hoy no están transportando pasajeros. No por falta de demanda, sino por falta de combustible.
Cada ruta suspendida tiene consecuencias inmediatas: madres que no pueden llevar a sus hijos al médico; personas mayores que no logran llegar a un hospital o a una consulta; familias estancadas en provincias sin poder viajar para reunirse o trabajar.
Por eso, permitir que el sector privado importe combustible es una decisión práctica, urgente y profundamente humana. Darle autonomía energética a ese sector significa devolverle movimiento a la economía privada del país. Significa que el campesino pueda vender su producción; que el transportista vuelva a circular; que el bodegón tenga mercancía que ofertar; que la comida llegue.
El beneficio no es para un empresario abstracto. El principal beneficiado es el pueblo cubano. Y también lo es una madre, una hermana o un hijo de quienes vivimos fuera de Cuba. Todos nos beneficiamos del esfuerzo y del riesgo que asumen los dueños de miles de mipymes que sostienen cadenas de abastecimiento de las que dependen nuestras familias, dentro y fuera de la isla.
Y aquí la pregunta es legítima: si la Administración de los Estados Unidos ha expresado en múltiples ocasiones su apoyo a una apertura económica en Cuba, ¿no es esta precisamente una de sus expresiones más claras? ¿No es permitir que el sector privado importe combustible una apertura económica real, concreta y medible que reconoce el peso, el rol y la responsabilidad que ese sector ya tiene en la economía actual del país?
Por eso, esta medida debería celebrarse, no atacarse ni restringirse, como proponen algunos actores locales que en su gran mayoría ya no mantienen vínculos familiares directos con la isla.
Cualquier intento de frenar o limitar esta importación privada de combustible sería profundamente contraproducente. Golpearía al sector privado, sí, pero sobre todo golpearía al pueblo cubano, que depende cada vez más de esas redes para alimentarse y transportarse. Y, paradójicamente, terminaría beneficiando a un Estado que hoy no tiene capacidad para proveer combustible de manera estable.
El combustible que llegue por vías privadas, venga de donde venga, no debe leerse como un gesto político ni como una “triquiñuela” del Estado cubano. Es, en realidad, una apertura y una oportunidad concreta, real y sin precedentes. Una respuesta práctica a una urgencia que hoy pesa sobre millones de cubanos y que requiere soluciones inmediatas, no sospechas automáticas.
Porque en Cuba, cuando el combustible falta, no se detienen solo los motores. Se apaga el movimiento de la vida diaria: la mesa queda incompleta, el camino se cierra, el cuidado llega tarde. Y cuando eso ocurre, el costo no es político ni económico; es humano, íntimo y nos toca a todos.
