
De los tres poderes que integran el estado en los Estados Unidos, legislativo, ejecutivo y judicial, el último es el menos democrático y transparente, el único cuyos actores no son electos y detentan sus funciones de por vida y cuyas decisiones son inapelables. Nadie fiscaliza ni juzga a los jueces del Supremo. El Presidente los propone y el Senado los aprueba, pero ninguno puede destituirlos ni jubilarlos.
En ningún campo la Corte Suprema influyó tanto ni adquirió mayores responsabilidades históricas que el tema de la esclavitud y la cuestión racial. Esa andadura comenzó cuando 1857, al juzgar el conocido caso Dred Scott contra Sanford, el alto tribunal estableció que: “Cualquier persona descendiente de africanos, ya sea esclava o libre, no es ciudadana de los Estados Unidos de acuerdo con la Constitución” Esa sentencia fue una de las causas de la guerra Civil y la razón por la cual, mediante la Decimotercera Enmienda (1865), Lincoln se vio obligado modificar la Constitución.
La Corte Suprema fue todavía más lejos. A pesar de la constitucionalmente la esclavitud fue abolida en 1865 y en 1868 dispuso la ciudadanía por nacimiento y el trato igualitario, tanto el Congreso como los presidentes que gobernaron entre Lincoln y Truman, se abstuvieron de dictar leyes federales complementarias para hacer cumplir esos derechos. Durante un siglo, las legislaturas de los estados sureños, dictaron leyes que establecieron la doctrina: “Iguales, aunque separados” que ampararon legalmente la segregación racial.
En 1942, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, el presidente Franklin D. Roosevelt emitió la Orden Ejecutiva 9066 mediante la cual, presumiendo que los japoneses étnicos y sus descendientes radicados en Estados Unidos, podían conspirar a favor de su país de origen, dispuso su internamiento en establecimientos destinado a ese fin y decretó un toque de queda que afectó sólo a los americanos japoneses.
Con facilidades mínimas, rodeados de alambre de puas y bajo custodia militar, se construyeron 10 campos en los cuales se encerraron a 120.000 personas de origen japonés, 70.000 de los cuales eran ciudadanos estadounidenses, muchos nacidos en los Estados Unidos, otros habían llegado de Brasil y Argentina, muchos no habían estado nunca en Japón ni hablaban esa lengua.
Sin haber cometido delito alguno aquellas personas debieron deshacerse de sus propiedades y permanecieron prisioneros durante tres años. Algunos enfermaron de nostalgia, hubo suicidios y varios fueron baleados mientras intentaban escapar. Ante tanta arbitrariedad varios condenados, apelaron ante distintas cortes federales, incluso ante la Corte Suprema de Justicia. Entre los más destacados estuvieron: Fred Korematsu, Gordon Hirabayashi y Min Yasui. Todos los tribunales de distrito y circuitos de apelación que conocieron los casos, incluida la Suprema Corte, fallaron contra los demandantes.
La detención del americano japoneses, no sólo violaba el espíritu y la letra de la 14° Enmienda, sino el derecho al debido proceso, así como otros preceptos constitucionales. Concluida la guerra, el presidente Truman ordenó el cierre de los campos y puso fin a la segregación racial en las fuerzas armadas. Cuarenta años después el gobierno de los Estados Unidos pidió perdón oficialmente a los japoneses americanos sobrevivientes de los campos de concentración a quienes compensó económicamente.
Algunos casos fueron reabiertos y las sentencias anuladas argumentando “mala conducta del gobierno”. En 2012, en una acción simbólica, el presidente Barack Obama entregó a uno de ellos la Medalla Presidencial de Libertad.
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha tenido momentos brillantes, otros no tanto. Luego cuento más. Allá nos vemos.