México, único país latinoamericano con fronteras con Estados Unidos (3.169 km.) es el que más razones tiene para sostener un diferendo histórico con la superpotencia ha administrado el desencuentro para evitar el escalado. En ello, además del pragmatismo de las élites mexicanas ha influido la ausencia de diferencias ideológicas.A pesar del despojo territorial y de una relación extraordinariamente complicada, México logró convivir con Estados Unidos y aprovechó las ventajas de la vecindad, convirtiéndose en el primer país “tercermundista” (título que no le pega) en firmar con Estados Unidos y Canadá un tratado que además del libre comercio, rentabilizó las ventajas de acceder, en calidad de proveedor y cliente, al mayor mercado del mundo y asimilar transferencias masivas de tecnológicas.
A partir de la Revolución de 1910 la estabilidad política se instaló en México, único estado latinoamericano cuya constitución es la misma desde hace 112 años, período en el cual no han ocurrido golpes de estado y ningún presidente ha sido depuesto. La relación con la potencia vecina no ha limitado su autodeterminación ni menoscabado la soberanía nacional. La autonomía de la política exterior mexicana basada en la Doctrina Estrada, es total.
Un momento culminante de ese enfoque que reconoce realidades geopolíticas y asimetrías económicas imposible de ignorar, es la sugerencia del presidente López Obrador de procurar un encuentro de América Latina con los Estados Unidos que pudiera llegar hasta el inicio de esfuerzos integracionistas.
Obviamente, para que un proyecto político de ese calado avance, sería menester que Estados Unidos lo acogiera, lo cual no resultará fácil porque se trata de una iniciativa trascendental que lo implica estratégicamente y que no ha generado como lo hizo en los años sesenta con la Alianza para el Progreso y más recientemente con el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyectos abortados.
Para hacer viable la idea y convertirla en un proyecto político, México debe lograr que Estados Unidos se interese, lo cual comienza por construir un consenso regional, de modo que la propuesta sea parte de un interés común, endosado sino por todos, por los países de la región que cuentan con las mayores economías, lo cual parece posible.
La capacidad de México para elaborar consensos, me recuerda la Conferencia de Chapultepec de 1945. Entonces, ante el rechazo latinoamericano a la propuesta de otorgar a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad la potestad de veto, situación con potencial para impedir la aprobación de la Carta de la ONU, el presidente mexicano Manuel Ávila Camacho convocó la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y la Paz efectuada entre el 21 de febrero y el 8 de marzo de 1945 en el Castillo de Chapultepec en Ciudad México.
El evento dio lugar al entendimiento que en 1947 condujo a la adopción del Pacto Interamericano de Ayuda Mutua y Defensa Recíproca, conocido como Tratado de Río de Janeiro, según el cual, un ataque contra una nación americana desde fuera o desde dentro del hemisferio sería considerado como un ataque a todas las naciones americanas.
Al contar con ese instrumento de seguridad colectiva, en caso de conflictos, incluso de agresiones, los países del continente no tienen necesidad de acudir al Consejo de Seguridad de la ONU ni de someterse a la humillación de que los mandatarios ingleses y franceses decidan sobre asuntos latinoamericanos.
Si bien la OEA y el Tratado de Río no han operado en el espíritu para lo que fueron concebidos, lo importante es que entonces, con el patrocinio de México, en una situación extrema, en la cual peligraba la adopción de la Carta de la ONU, se construyó un consenso para una acción positiva de significado estratégico. Un logro semejante pudiera hacer avanzar decisivamente la propuesta del presidente de México que significa un hito histórico. Allá nos vemos.
