Moa: una puerta que puede abrirse entre Cuba y Estados Unidos

La vida en la Cuba de hoy se encuentra en medio de una potente paradoja: sanciones, reclamaciones de propiedad y, al mismo tiempo, la posibilidad eventual del regreso del capital estadounidense a la Mayor de las Antillas.
De momento aparece una ventanita desde Moa, territorio minero-metalúrgico ubicado en el nordeste del oriente cubano, en la provincia de Holguín, donde existen importantes reservas de níquel y cobalto.
No hay dudas: Moa puede convertirse en una puerta de entrada para el capital estadounidense a Cuba.
Hay que analizar lo que publica recientemente el Miami Herald, con anuncios que parecen hablar de negocios, pero que, en realidad, están hablando de geopolítica.
Desmenucemos un poco lo publicado por ese periódico y por otros medios estadounidenses sobre el tema.
Dos ofertas, un mismo objetivo
Hay dos ofertas rivales por el control de Sherritt International Corporation y de su participación en las minas de níquel y cobalto de Moa, en Holguín.
Lo que está ocurriendo alrededor de Sherritt puede convertirse en uno de los acontecimientos económicos más significativos de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en décadas.
Lo que está informando la prensa estadounidense es que dos grupos de capital estadounidense compiten por adquirir el control de una participación mayoritaria en Sherritt, la empresa canadiense que durante años ha participado en la explotación del níquel cubano.
Y aquí aparece la primera gran paradoja: Estados Unidos ha endurecido sus sanciones contra el sector minero cubano y, al mismo tiempo, inversionistas estadounidenses podrían terminar controlando una parte sustancial de una de las principales operaciones mineras de Cuba.
No es una contradicción menor.
Moa, mucho más que una mina
Moa no es simplemente un punto en el mapa de Holguín.
El níquel y el cobalto son minerales estratégicos para la economía mundial contemporánea. Tienen aplicaciones en baterías, vehículos eléctricos, tecnologías industriales y distintos sectores vinculados con la defensa y la seguridad nacional.
Por eso, quien controla una parte importante de su producción no está adquiriendo solamente una empresa: está adquiriendo acceso a recursos considerados estratégicos.
La operación resulta todavía más interesante porque Sherritt y la empresa estatal cubana General Nickel Company mantienen una asociación al 50 % en Moa.
Es decir, aunque un inversionista estadounidense consiguiera controlar el 55 % de Sherritt, Cuba continuaría siendo propietaria de la mitad de la empresa conjunta minera.
Esta circunstancia convierte la operación en algo extraordinariamente singular dentro de las relaciones económicas entre Washington y La Habana.
Durante décadas, el discurso predominante en Estados Unidos ha sido el de aislar económicamente al Gobierno cubano.
Ahora aparece una posibilidad diferente: capital estadounidense participando indirectamente en una empresa estratégica cubana y compartiendo negocio con el Estado cubano.
La paradoja de las sanciones
El origen inmediato de la crisis de Sherritt está precisamente en las nuevas sanciones estadounidenses.
El 1 de mayo, Donald Trump otorgó a Washington nuevas facultades para sancionar a empresas extranjeras vinculadas con los sectores energético y minero de Cuba.
Seis días después, el Departamento de Estado sancionó a Moa Nickel S.A.
El resultado fue que Sherritt tuvo que suspender su participación directa y retirar personal de Cuba. Posteriormente se produjeron renuncias en su dirección y su refinería en Canadá dejó de producir.
La presión económica, sin embargo, produjo un efecto inesperado: debilitó a la empresa canadiense hasta convertirla en un posible objetivo de adquisición.
Y ahora aparecen inversionistas estadounidenses interesados en comprarla.
Aquí está uno de los elementos que merece mayor atención.
Una política diseñada para presionar económicamente a Cuba puede terminar generando las condiciones para que capital estadounidense entre en un negocio estratégico que anteriormente estaba en manos de una empresa canadiense.
La historia tiene una ironía evidente.
El fantasma de las confiscaciones
Pero la operación tiene otra dimensión mucho más compleja: la propiedad confiscada después de 1959.
Antes de la Revolución, la empresa estadounidense Moa Bay Mining Company era propietaria de buena parte de las instalaciones mineras.
Tras las nacionalizaciones realizadas por el Gobierno revolucionario, Moa Bay presentó una reclamación ante Estados Unidos.
La reclamación fue valorada posteriormente en aproximadamente 88 millones de dólares y certificada por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos.
Según el U.S.-Cuba Trade and Economic Council, actualmente esa reclamación estaría en manos de Citigroup.
Y ahí aparece la Ley Helms-Burton.
La legislación estadounidense permite, bajo determinadas circunstancias, reclamar judicialmente contra quienes se beneficien de propiedades confiscadas por el Gobierno cubano.
Durante años, la cuestión de las propiedades confiscadas ha constituido uno de los grandes obstáculos para cualquier normalización económica entre Cuba y Estados Unidos.
Ahora esa vieja disputa puede reaparecer dentro de una eventual transacción minera.
¿Quién compra también compra el problema?
Esta es probablemente la pregunta central.
Un inversionista estadounidense que adquiera el control de Sherritt no solamente estaría comprando una empresa con activos mineros.
También estaría entrando en un territorio jurídico cargado de reclamaciones históricas.
El artículo de Nora Gámez Torres añade otro elemento particularmente importante: una demanda presentada recientemente por Cuban Electric Company contra entidades cubanas relacionadas con Energas, empresa en la que Sherritt posee una participación.
La reclamación de Cuban Electric Company asciende a cientos de millones de dólares, más los intereses acumulados durante décadas.
Por tanto, una eventual adquisición de Sherritt podría poner sobre la mesa simultáneamente varios conflictos patrimoniales derivados de las confiscaciones revolucionarias.
No sería simplemente una compraventa.
Sería una negociación empresarial atravesada por seis décadas de historia política, jurídica y económica.
Una nueva realidad para Cuba
Hay algo más que no debería perderse de vista.
El Gobierno cubano ha manifestado disposición a aceptar inversiones estadounidenses dentro de determinados cambios económicos que intenta promover.
Esto ocurre mientras la retórica política entre La Habana y Washington continúa siendo extraordinariamente dura.
La contradicción es aparente.
Los gobiernos pueden mantener profundas diferencias políticas y, al mismo tiempo, determinados sectores económicos pueden encontrar espacios de interés común.
El níquel de Moa puede ser uno de esos espacios.
Cuba necesita capital, tecnología, mercados y financiamiento.
Estados Unidos necesita asegurar cadenas de suministro de determinados minerales estratégicos y reducir su dependencia de proveedores considerados vulnerables desde el punto de vista geopolítico.
Ahí existe un terreno potencial para la negociación.
El verdadero negocio puede estar más allá de Moa
El caso de Sherritt permite formular una pregunta todavía mayor:
¿Podría estar comenzando una nueva etapa en la relación económica entre Cuba y Estados Unidos?
Podría surgir una política mucho más selectiva, en la que Washington mantenga presión sobre determinados sectores mientras permite, directa o indirectamente, operaciones económicas consideradas convenientes para los intereses de ambos países.
Moa podría convertirse en un laboratorio de esa nueva realidad.
Porque si un grupo estadounidense termina controlando Sherritt, estaremos ante una situación que hace pocos años parecía prácticamente imposible: capital estadounidense asociado indirectamente con el Estado cubano en la explotación de un recurso estratégico de la isla y codiciado por el mundo.
La gran oportunidad y el gran riesgo
Para Cuba, una operación de este tipo podría representar acceso a capital y tecnología, continuidad de una industria estratégica y potencial generación de ingresos.
Pero también entraña riesgos.
Cuba tendría que negociar desde una posición que proteja sus intereses nacionales y garantice que la inversión extranjera no se convierta simplemente en un mecanismo de transferencia de activos.
Para Estados Unidos, el desafío es diferente.
Si Washington realmente considera estratégicos el níquel y el cobalto cubanos, tendrá que decidir qué pesa más: la política de presión económica o el interés nacional de asegurar recursos estratégicos.
Y para los inversionistas aparece un tercer problema: las reclamaciones de los antiguos propietarios.
La cuestión no desaparece porque cambie el dueño de una empresa.
Sesenta años después
No podemos olvidar que la historia de Moa comenzó mucho antes de la actual confrontación entre Cuba y Estados Unidos.
Las minas fueron nacionalizadas hace más de seis décadas. Las reclamaciones permanecieron. La Ley Helms-Burton convirtió posteriormente esas reclamaciones en un instrumento jurídico de presión.
Y ahora, paradójicamente, esa misma legislación puede formar parte de las negociaciones necesarias para que inversionistas estadounidenses regresen a una industria cubana.
La pregunta ya no es solamente quién ganará la batalla por Sherritt.
La pregunta verdaderamente importante es:
¿Quién controlará los recursos estratégicos de Cuba en el siglo XXI y bajo qué condiciones?
Porque si se logra un acuerdo, todos pueden beneficiarse.
Ante las disyuntivas que se presentan, prefiero pensar en grande.
Moa podría ofrecernos una primera respuesta y, quizás, una oportunidad para que termine de una vez y por todas la era de los embargos y bloqueos y dé paso a múltiples mercados, al comercio y a la cooperación económica, capaces de facilitar la vida a millones de familias cubanas y estadounidenses.
Después de todo, cuando el comercio llama a la puerta, quizás también esté llamando la paz.
Análisis y redacción: Carlos Rafael Diéguez.
Edición y asistencia de investigación: ChatGPT (OpenAI).