Al comenzar el segundo término presidencial de Ronald Reagan, las edades de los únicos jueces liberales de la Corte Suprema de Justicia (Blackmun, Brennan y Marshall) rondaban los ochenta años. Con la reelección de Reagan y el control republicano del Senado, los ultraconservadores tuvieron la oportunidad que esperaban para llevar a cabo un cambio radical en la composición y en la ideología del sistema judicial de Estados Unidos. Estos cambios tendrían lugar no sólo en la Corte Suprema sino a todos los niveles del sistema judicial.
De acuerdo con la Constitución, los jueces federales son nombrados por el presidente de Estados Unidos pero con la aprobación del Senado. Tradicionalmente, el primer mandatario designaba los jueces basándose en las recomendaciones de los senadores de los estados donde aquellos ejercerían su oficio. Sin embargo, el balance que ofrecía este sistema se vino abajo con la creciente influencia en el gobierno del extremismo radical de derecha decidido a tomar el control del poder judicial.
El documento que sirvió como fuente ideológica para estos propósitos fue el informe emitido en 1988 por la Oficina de Política Legal (1) del Departamento de Justicia, titulado “La Constitución en el Año 2000: Anticipos en la Interpretación Constitucional” (2), que se basaba a su vez en las teorías del profesor de derecho de la Universidad de Chicago, Richard Epstein, jurista favorito del tanque de pensar ultraconservador “Heritage Foundation”, y en su libro publicado en 1985 (3).
El documento, de 199 páginas, revela muy claramente la intención de seleccionar los jueces federales como herramientas para influir en la interpretación por las cortes de la Constitución y trazar de este modo las políticas del futuro. El informe subrayaba la importancia de nombrar jueces con los principios y filosofía ultraconservadores.
Para cumplir con esta agenda, Reagan nombró en calidad de consejero a Lee Liberman, cofundador de la reaccionaria “Federalist Society” y le asignó la misión de evaluar la pureza ideológica de todos los candidatos a jueces federales. Figura notable en este viraje hacia la extrema derecha fue el fiscal general Edwin Meese, autor de la famosa frase en la American Bar Association: “No se equivoquen, el poder judicial es el poder del gobierno”(4).
Aunque abundan los ejemplos de nominaciones de jueces por razones políticas, sobre todo a la Corte Suprema, en administraciones anteriores, nunca tuvieron lugar en tan grandes proporciones como a partir del gobierno de Reagan, por lo que podemos tomar su mandato, y en especial 1988, fecha del documento referido, como punto de partida de lo que llamo “la guerra por los jueces”, que dura ya veintiocho años y ha destruído casi completamente el balance necesario y los fundamentos éticos del sistema de justicia de Estados Unidos.
Cinco años más tarde, en 1993, los republicanos ocupaban el 64 % de los 179 cargos de jueces de las cortes de apelaciones y una proporción semejante en las cortes de distrito. Los demócratas ocupaban sólo el 21 % (tres veces menos) y el 16 % permanecía vacante (5).
El triunfo electoral de Bill Clinton constituyó un serio obstáculo en las aspiraciones de la ultraderecha estadounidense. Clinton trató de regresar a la tradición de consultar con los senadores regionales para encontrar candidatos aceptables por ambos partidos pero no tuvo éxito y, por primera vez en la historia de los procesos de confirmación, los republicanos bloquearon sistemáticamente a una gran parte de los nominados por Clinton sin tener en cuenta sus calificaciones. Aprovechando su mayoría en el Senado, negaron incluso la posibilidad de audiencias a la increíble cifra de 63 nominados.
En los casos que confirmó, la mayoría republicana dilató los procesos de audiencia con periodos de tiempo sin precedentes, sobre todo cuando los nominados eran mujeres o integrantes de las minorías, como reveló en 1997 “Alliance for Justice”, una organización centrista. No obstante, aunque en el segundo término de su mandato los republicanos mantuvieron el control del Senado, Clinton fue capaz de aumentar el porcentaje de jueces de circuito demócratas a 42 % y de disminuir el de republicanos también al 42 % (con un 15 % de asientos vacantes), debido principalmente a que un gran número de jueces republicanos pasaron a retiro (más del doble que los demócratas) y a que Clinton tuvo oportunidad de nombrar a 6 jueces para nuevos cargos creados por el Congreso.
Con George W. Bush en la presidencia (2001 -2009) la extrema derecha republicana pudo continuar con su agenda de controlar el sistema judicial de Estados Unidos. Al concluir su administración, los jueces republicanos sumaban un 56 % y los demócratas 36 % (con 8 % de vacantes), y la ultraderecha controlaba la casi totalidad de las cortes de circuito. Bush nombró a verdaderos dinosaurios desde el punto de vista ideológico, como William Pryor, fiscal general de Alabama, nombrado como juez del Onceno Circuito en 2004, donde desempeñó un papel protagónico en el rechazo de la apelación de los Cinco cubanos condenados injustamente por monitorear las actividades terroristas contra Cuba. Pryor –y la cita es sólo una muestra de su fanatismo de ultraderecha- defendía y consideraba un castigo razonable el uso de los “hitching posts”, método de tortura que fue muy utilizado en unidades penitenciarias estadounidenses, que consistía en atar a los convictos a un poste, expuestos al sol, sin agua ni alimentos, durante largos periodos de tiempo. La presencia de Pryor en el tribunal –aviesa maniobra del gobierno de Bush en mi opinión- cerraba las puertas al más elemental sentido de justicia para los Cinco héroes cubanos.
