En los estados donde funciona la separación de poderes opera una combinación de atribuciones, límites y contrapesos, que actúa como regulador del ejercicio del poder. Esta lógica ha funcionado y, apenas dieciséis días después de asumir el cargo de presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha perdido el round inicial de su primer mach judicial.

El pasado 27 de enero, mediante una Orden Ejecutiva, el presidente vetó por noventa días la entrada al país a los ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen, todos de mayoría musulmana. Respecto a los refugiados sirios la medida tiene carácter indefinido. La reacción nacional e internacional contra la acción ejecutiva no se hizo esperar, y como suele ocurrir en Estados Unidos, asumió connotaciones institucionales.

El primer gesto provino de la fiscal general interina Sally Yates, quien expresó dudas acerca de la legalidad del decreto, y ordenó a los abogados del Departamento de Justicia profundizar en el asunto. El presidente la destituyó de inmediato.

Horas después, el magistrado James Robart, juez federal de la ciudad de Seatlle, estado de Washington, suspendió temporalmente la aplicación de la medida y, en consecuencia, el Departamento de Estado dispuso que las 60, 000 personas cuyas visas habían sido recusadas durante la semana en la que el decreto estuvo vigente, fueran admitidas en Estados Unidos.

Consecuente con su estilo de responder rápida y directamente, en un comportamiento poco usual, el presidente cuestionó al letrado: “… ¡La opinión de este supuesto juez… es ridícula y será anulada!” El Gobierno Federal recurrió la decisión ante el la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, California.

En menos de 48 horas la corte falló respaldando la decisión del juez de Seatlle, y desestimando la solicitud del gobierno. En igual sentido se pronunciaron las cortes de apelaciones de los estados de Washington y Minnesota. Otra vez el mandatario volvió a la carga, y declaró que el sistema judicial sería culpable “si algo malo pasara”. De ese modo, el escenario quedó preparado para que el contencioso legal llegue al Tribunal Supremo, cuya decisión será inapelable.

Probablemente la Orden Ejecutiva del presidente Trump no viola directamente ninguna ley, aunque contraviene el espíritu de varias, y choca con tradiciones arraigadas en los Estados Unidos, entre ellas la Primera Enmienda, que rechaza la discriminación por motivos religiosos. Al vetar la entrada al país a los musulmanes, la administración desdice este postulado. Otra enmienda, la Decimocuarta, establece la “protección igualitaria a todas las personas (no solo ciudadanos y residentes), dentro del territorio de los Estados Unidos”.

Aunque quienes solicitan visas no están en Estados Unidos, de alguna manera se ven sometidas a la jurisdicción de sus leyes, y son evaluados a tenor con ellas. Por tanto, aunque no pueden reclamar derechos, deben ser objeto de trato igualitario.

Capítulo aparte es la Ley de Inmigracion de 1965, firmada por el presidente Lyndon Johnson, mediante la cual se abolió el sistema de cuotas de emigrantes por países, considerado discriminatorio, sustituyéndolo por un reparto igualitario, que da preferencia a las solicitudes de familiares de los ciudadanos y residentes en los Estados Unidos.

En cualquier caso, el contencioso judicial recién comienza, seguramente asumirá fuertes matices constitucionales, y puede implicar al sistema judicial estadounidense formado por la Corte Suprema, noventa y cuatro cortes distritales, y trece tribunales de apelación de los circuitos judiciales. Las fuerzas armadas, y las tribus originarias, unas 365, cuentan con sus propias estructuras jurídicas.

Con alrededor de un millón de abogados, más de mil jueces, unos 100.000 juicios criminales, 70 000 civiles, y multitud de litigios constitucionales, cada año Estados Unidos es la sociedad más judicializada del mundo. En este ámbito habrá mucho que ver. Los mantendré al tanto. Allá nos vemos.
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*Este artículo fue escrito para el diario mexicano ¡Por Esto! Al reproducirlo o citarlo, indicar esa fuente