El socialismo tiene sobradas premisas y argumentos para diseñar sistemas políticos incomparablemente más democráticos que el capitalismo. Los poderes pueden ser independientes unos de otros, porque todos dependen del pueblo, y de las mayorías a las que sirven. Los líderes han de ser consecuentes con unos y otros.
No obstante, debido a poderosas manipulaciones ideológicas capaces de invertir valores a escala planetaria, en los imaginarios del siglo XX se instaló la perversa idea de que las revoluciones eran enemigas de la democracia, incompatibles con el estado de derecho, y adversas a las libertades individuales. Aunque la verdad es otra, algunos equívocos llevaron agua a molinos ajenos.
En las etapas preindustriales (esclavitud y feudalismo), el poder se obtenía por la fuerza o la herencia, se ejercía de modo personal y con frecuencia violento. Entonces no existían instituciones, y la participación política era desconocida. Las revoluciones de los siglos XVIII, XIX y XX entronizaron la democracia, la más importante categoría política de todos los tiempos.
Con la democracia las revoluciones modificaron la naturaleza del poder y el modo de ejercerlo. Los súbditos se convirtieron en ciudadanos, y el pueblo en soberano. Los gobernantes dejaron de ser amos para convertirse en servidores públicos. Las elecciones y la representatividad, regulada por medio de constituciones y leyes son la base de la convivencia social.
La complejidad de la función estatal en las sociedades modernas y su ejercicio institucional, condujo a la separación de poderes, cuya lógica es impecable: cuando el poder no se divide se concentra. La división alude a instituciones como parlamento, gobierno y poder judicial, mientras la concentración se refiere a personas.
La separación de poderes es consecuente con el carácter electivo de las funciones estatales principales, legislativas, ejecutivas y judiciales. Tal separación y su colaboración funcional aseguran la dirección colegiada y los asuntos públicos, y garantiza que la función de gobierno sea ejercitada mediante la acción coordinada de un conjunto de instituciones.
La separación y la independencia no solo aluden a los poderes legislativo, ejecutivo, y judicial, sino también a la esfera militar, la seguridad, las finanzas y otras. Al regular la participación de los militares en política se intenta impedir que quienes tienen las armas, tengan el poder para decidir su empleo.
No existe otra región del mundo en la cual la intervención de los militares en la política y el uso de las armas para apoderarse y ejercer el poder hayan sido tan reiteradas y funestas como en América Latina.
Algo parecido ocurre con las finanzas y el dinero. La independencia de los bancos centrales tiene el objetivo de preservar y administrar las finanzas y el dinero del país, al margen de consideraciones políticas circunstanciales, y dispensar a los gobiernos de turno las partidas autorizadas por las leyes, comúnmente presupuestos aprobados por los parlamentos.
La independencia alcanza a la sociedad civil y sus organizaciones, a la religión y a otras entidades que no compiten ni cuestionan al estado, ateniéndose a sus leyes, sin subordinarse ni rendir cuentas, y sin depender de las finanzas públicas.
En ninguna parte la democracia es perfecta, ni la separación de los poderes es una panacea ni una garantía de que todo marche bien, aunque es la premisa más importante. La democracia entraña riesgos, pero su ausencia es letal. Allá nos vemos.
