Acosados e enjuiciados por delitos que no cometieron
La llamada judicialización de la política, más exactamente la politización del poder judicial en América Latina, Europa, los Estados Unidos, algunos países asiáticos e Israel, es un fenómeno relativamente reciente, considerado por unos como anómalo y por otros como una innovación trascendental. Los efectos de este fenómeno son diversos.
El hecho es más relevante debido a que tradicionalmente se creyó que, la magistratura jurídica era más eficaz mientras más alejada estuviera de las querellas políticas, lo cual fomentó el mito del apoliticismo de jueces, fiscales y abogados, dando lugar a la conversión de los cuerpos jurídicos en élites predominantemente conservadoras, distanciadas de la sociedad. A ello se sumó la ineficacia de los aparatos judiciales de los gobiernos.
En la última década, en algunos países latinoamericanos, la judicatura ha comenzado a operar con más independencia del poder y es visible una mayor eficacia de la lucha contra la corrupción como se evidencia, entre otros, en los casos de Odebrecht y los Papeles de Panamá, así como en los procesos incoados contra alrededor de veinte mandatarios y exmandatarios acusados de corrupción, pero también por abusos de poder y prácticas ilegales contra opositores y representantes de la sociedad civil.
Al actuar contra la corrupción multimillonaria y que parecía endémica en círculos del deporte profesional, especialmente en el futbol y su organización rectora la FIFA, los mecanismos jurídicos de varios países latinoamericanos comenzaron a contribuir al saneamiento de una actividad privada que mezcla lo social y lo empresarial, generando grandes aficiones y satisfacciones populares, movilizando también enormes cantidades de dinero y favoreciendo a la corrupción.
En Italia, España, Francia y otros países europeos, los mecanismos judiciales han elevado su eficacia en la confrontación contra actos de corrupción de gobernantes y otras figuras políticas de alto perfil, los enjuiciamientos del magnate y relevante figura política italiana, Silvio Berlusconi y el expresidente francés Nicolás Sarkozy, así como de varios pesos completos de la política española, especialmente del hasta hace poco gobernante Partido Popular, son botones de muestra.
En Israel, la administración de justicia que históricamente se ha prestado para castigar a luchadores y jóvenes palestinos, que actúan o protestan contra el despojo de sus territorios y otra injusticias, también han operado contra actos de corrupción de figuras del gobierno, incluyendo al ex primer ministro Ehud Ólmert y al actual Benjamín Netanyahu. En Asia se destaca Corea del Sur, donde dos ex primeros ministros han ido a la cárcel por corrupción.
El papel de la justicia estadounidense en procesos vinculados a la política, se evidencia en la actuación de varios jueces federales cuyas órdenes han neutralizado las actitudes antiinmigrantes de la administración de Donald Trump.
Lamentablemente, en América Latina, la aproximación de la justicia a la política ha dado lugar a reiterados comportamientos en los cuales los jueces y fiscales prevarican, prestándose a la persecución de gobernantes populares, como se evidencia en los casos de Brasil, Argentina y Ecuador donde los ex presidentes Lula, Cristina Fernandez y Rafael Correa son acosados y enjuiciados por delitos que no cometieron y obviamente no han sido probados.
Tendrá que pasar algún tiempo para evaluar el carácter de las tendencias a la politización de los poderes judiciales, especialmente en América Latina donde, a pesar de algunos rasgos positivos, todavía en la magistratura judicial predomina un estamento conservador. Allá nos vemos.
Jorge Gómez Barata
