El caso Maryory Pabón destapa nuevos interrogantes sobre la Cancillería colombiana: contratos, nombramientos y recursos públicos bajo sospecha

La controversia por el consulado de Tijuana trasciende la actuación de una exfuncionaria. Tres documentos examinados para esta investigación exponen contradicciones presupuestales, cuestionamientos sobre la administración diplomática y denuncias de posibles irregularidades en oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y representaciones consulares en Venezuela.

 

Por Daniel Fernando Mejía Lozano

Corresponsal Internacional en Paris Francia

 

El escándalo del consulado colombiano de Tijuana, en la frontera entre México y Estados Unidos, ha puesto bajo escrutinio la administración del servicio exterior de Colombia. Lo que comenzó como una controversia sobre los salarios de Maryory Ecineth Pabón Gavilán y el arrendamiento de una sede que nunca abrió permanentemente sus puertas se ha convertido en una investigación que plantea interrogantes más amplios sobre la planificación financiera, la contratación pública, los nombramientos diplomáticos y los mecanismos de control del Ministerio de Relaciones Exteriores.

A las revelaciones de Caracol Radio se suman dos documentos examinados para este reportaje: una denuncia anónima que identifica diecisiete áreas de posible investigación administrativa dentro de la Cancillería y una comunicación dirigida a la Oficina de Control Disciplinario Interno, fechada el 10 de agosto de 2026, sobre presuntas irregularidades en los consulados colombianos de San Fernando de Atabapo y Puerto Ayacucho, en Venezuela. Ambos aportan nombres, referencias contractuales, actos administrativos y operaciones presupuestales cuya comprobación permitiría establecer eventuales responsabilidades.

La documentación no demuestra que exista una estructura irregular común entre los tres asuntos. Sí permite examinar un problema institucional compartido: la necesidad de conocer quién autoriza las decisiones, quién administra los recursos y qué controles existen sobre su ejecución. Esa dimensión ha cobrado relevancia tras la exposición pública del caso de Pabón, cuyo nombramiento, gestión y obligaciones contractuales han sido objeto de cuestionamientos.

El 3 de noviembre de 2026, la Unidad Investigativa de Caracol Radio reveló que Maryory Pabón había recibido más de 153.000 dólares durante aproximadamente nueve meses como cónsul destinada a Tijuana, una ciudad donde Colombia había proyectado abrir una representación permanente. La cobertura señaló que el proyecto no llegó a prestar servicios regulares desde una sede habilitada y que su instalación había dejado obligaciones económicas pendientes.

Un día después, el medio informó sobre un contrato inmobiliario que habría generado compromisos por 54.930 dólares, correspondientes al arrendamiento de un inmueble destinado al consulado. Según esa investigación, el acuerdo contemplaba un pago inicial de 21.000 dólares y mensualidades de 5.655 dólares, además de gastos de administración.

La información planteó un asunto de evidente interés público: cómo una representación diplomática creada mediante decisiones del Estado pudo comprometer recursos y asumir obligaciones inmobiliarias sin que su funcionamiento estuviera garantizado. La cobertura también atribuyó a Pabón la firma de un contrato sin las autorizaciones presupuestales correspondientes, un señalamiento que exige examinar las competencias y actuaciones concretas de la exfuncionaria.

Sin embargo, la creación del consulado no fue una iniciativa individual. El Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024, suscrito durante la administración del presidente Gustavo Petro y del entonces canciller Luis Gilberto Murillo, incluyó a Tijuana entre las circunscripciones previstas para ampliar la cobertura consular de Colombia en México. La norma estableció que su implementación tendría lugar una vez concluido el proceso de apertura de la representación.

El proyecto, por tanto, pertenecía a una política institucional de expansión del servicio exterior. Su ejecución implicaba decisiones sobre recursos presupuestales, personal, infraestructura, autorizaciones y coordinación con la Embajada de Colombia en México. Identificar quién intervino en cada etapa resulta indispensable para determinar si el fracaso obedeció a deficiencias de planificación, decisiones individuales, problemas de financiación o una combinación de esos factores.

La investigación original sobre Tijuana incorpora una respuesta presupuestal de 52 páginas remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Cámara de Representantes el 18 de noviembre de 2025. Según el documento descrito en el expediente periodístico, la Cancillería reconocía en la página 17 que estaba prevista la apertura de representaciones en Monterrey y Tijuana.

La controversia aparece al examinar las proyecciones financieras incluidas en las páginas 30 y 31. Allí figuraban previsiones individualizadas para distintas oficinas diplomáticas, entre ellas 1.014.879 dólares para la Embajada de Colombia en Caracas, 500.040,32 dólares para el consulado de Estambul y 455.653,12 dólares para el de Río de Janeiro. Tijuana no aparecía identificada con una cantidad específica en esa relación.

 

La ausencia de una partida individualizada no prueba que el Ministerio careciera de financiación en otros rubros. Pero obliga a esclarecer cómo se pasó de una decisión oficial de expansión consular a compromisos económicos cuya cobertura presupuestal fue posteriormente cuestionada.

La pregunta no se limita a cuánto recibió la funcionaria designada. También comprende cuáles fueron las previsiones financieras originales, qué modificaciones presupuestales se tramitaron, qué dependencias conocían las obligaciones inmobiliarias y quién tenía facultades para autorizar o impedir la contratación.

En marzo de 2026, José Humberto Solano Soriano aparecía identificado en la documentación examinada para el artículo original como director administrativo y financiero encargado. Su posición hace pertinente revisar las competencias de esa dependencia, las solicitudes relacionadas con Tijuana y las decisiones adoptadas durante el periodo correspondiente. La responsabilidad de cualquier funcionario, no obstante, exige identificar actos y omisiones concretos, no únicamente su posición dentro del organigrama.

La excanciller Rosa Villavicencio defendió la necesidad de establecer una representación en Tijuana para atender a colombianos en la región fronteriza. En su entrevista con Caracol Radio explicó que la designación de una autoridad consular antes de la apertura podía responder a la necesidad de adelantar gestiones de instalación, incluida la identificación de inmuebles.

Villavicencio señaló a la Dirección de Asuntos Consulares y al área financiera como dependencias responsables del seguimiento y las aprobaciones necesarias. También aseguró que al finalizar su administración había quedado un certificado de disponibilidad presupuestal relacionado con los pagos del proyecto.

Esa afirmación debe contrastarse con el reconocimiento institucional, citado en la investigación original, de que no se había concretado una partida destinada a la apertura. El certificado mencionado, si existió en los términos expuestos, permitiría comprobar su cuantía, vigencia, destino y relación con los compromisos adquiridos.

Fernando García, exembajador de Colombia en México, confirmó que la Embajada había participado en gestiones preliminares relacionadas con la instalación de la representación. Su testimonio reconoció un acompañamiento institucional y señaló la existencia de dificultades financieras que habrían afectado la continuidad del proyecto.

Luis Gilberto Murillo explicó, por su parte, que la apertura de consulados requiere una secuencia de evaluaciones técnicas y administrativas. Durante su intervención sostuvo que el procedimiento de Tijuana no había seguido el orden recomendado, introduciendo un interrogante sobre las autoridades que decidieron avanzar con determinadas actuaciones antes de completar otras.

 

El exembajador Moisés Ninco Daza presentó una interpretación distinta. Según su testimonio, existieron obstáculos que habrían retrasado el desarrollo de nuevas representaciones y que relacionó con disputas alrededor de nombramientos diplomáticos. La hipótesis de un bloqueo deliberado no queda demostrada por esas declaraciones y requiere pruebas específicas sobre las decisiones que presuntamente impidieron avanzar.

Las versiones ofrecen explicaciones diferentes, pero coinciden en un elemento fundamental: la instalación de Tijuana dependía de actuaciones de la estructura diplomática y administrativa del Estado colombiano. Reducir toda la investigación a la conducta de una sola funcionaria impediría reconstruir ese proceso.

La denuncia anónima incorporada al reportaje amplía el análisis hacia el funcionamiento interno del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su contenido se organiza en diecisiete apartados que solicitan verificar nombramientos, contratos, comisiones, conflictos de interés y decisiones administrativas que habrían involucrado a diferentes dependencias.

El documento menciona a Francisco Antonio Burchardt Melo, identificado como presidente del Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, SEMREX, y solicita verificar la vinculación contractual de Andrea Milena Rosas Ochoa en Colombia Nos Une, así como la existencia de posibles beneficios relacionados con personas cercanas a dirigentes sindicales.

También plantea examinar la trayectoria de Jaime Martínez García y un eventual nombramiento de Edgar Martínez García como auxiliar diplomático en España. El interés de la denuncia se concentra en determinar si existieron intervenciones familiares o recomendaciones que pudieran afectar la imparcialidad de los procedimientos.

Otro apartado se refiere a Cristian Alberto Pinzón y solicita establecer cuáles fueron sus competencias en decisiones relacionadas con personal, nombramientos y movimientos administrativos. El escrito pide reconstruir su participación efectiva antes de atribuirle cualquier posible extralimitación.

Estos señalamientos forman parte de una denuncia cuya autoría no está identificada. La relación de nombres y circunstancias constituye material susceptible de verificación, pero no demuestra por sí misma que los funcionarios mencionados hayan incurrido en favorecimientos.

Uno de los capítulos más extensos se concentra en Jaime Fernando Buchely Moreno, cuya trayectoria dentro de la Dirección de Talento Humano es objeto de diversas solicitudes de comprobación.

 

Según el documento, Buchely habría ocupado un cargo de asesor de libre nombramiento y remoción hasta febrero de 2025, antes de una eventual vinculación provisional. El denunciante pide revisar el acto administrativo correspondiente, los requisitos del empleo y la participación de quienes proyectaron, revisaron y autorizaron el nombramiento.

La denuncia plantea igualmente verificar movimientos posteriores y la posible asignación de un cargo de asesor grado 11 a una persona vinculada con SEMREX. El escrito solicita determinar si existió alguna contraprestación, recomendación o intervención indebida relacionada con esa decisión.

También menciona a David Barbosa Gómez y Tatiana Vanegas, respecto de quienes propone examinar determinadas funciones y relaciones institucionales para establecer si existieron conflictos de interés concretos.

La exdirectora encargada de Talento Humano Eliana Salguero aparece en otro capítulo, relacionado con posibles presiones durante procedimientos de nombramiento y ascenso. Entre los asuntos mencionados figura una eventual promoción de Elibeth Agámez Agresoth de técnica administrativa grado 13 a grado 18, que, según el denunciante, habría enfrentado objeciones sobre el cumplimiento de requisitos.

El alcance de estas denuncias depende de los expedientes originales: manuales de funciones, hojas de vida, solicitudes de provisión, estudios de requisitos y actos administrativos. Ninguna afiliación sindical o relación personal constituye, aisladamente, evidencia de una irregularidad. Lo que corresponde establecer es si esas relaciones influyeron efectivamente en alguna decisión pública.

La denuncia anónima dedica otro apartado al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y solicita examinar las actuaciones de Edwin José Pineda durante el periodo en que habría ejercido como coordinador de esa dependencia.

El escrito pide verificar la vinculación de Ivonne Alejandra Páez y determinadas relaciones familiares o profesionales relacionadas con Yeison Leal y otras personas. La finalidad es establecer si esos vínculos tuvieron alguna incidencia en procesos de contratación, administración de recursos o decisiones de personal.

En Tesorería, el documento plantea revisar la designación de Melissa López Mena y verificar si se cumplieron los requisitos correspondientes, quiénes participaron en la decisión y si existieron recomendaciones que hubieran producido un tratamiento preferencial.

Según el denunciante, una camioneta diplomática asignada al consulado de Puerto Ayacucho sufrió un accidente durante un desplazamiento hacia Barquisimeto. El escrito atribuye la conducción del vehículo a Over Francisco Silgado Ledesma y cuestiona su autorización para conducir, la magnitud de los daños y la oportunidad con la que se habría informado del siniestro.

El informe solicita revisar las circunstancias del accidente y sus posibles consecuencias administrativas y patrimoniales.

Los registros de tránsito, las comunicaciones institucionales, los documentos del vehículo, los seguros y las eventuales reparaciones permitirían establecer la existencia del siniestro y determinar si se produjo alguna irregularidad en la administración del bien público.

La controversia sobre el consulado de Tijuana no puede resolverse únicamente mediante el examen de los salarios y del contrato inmobiliario. También requiere establecer qué funciones desarrolló efectivamente Maryory Pabón durante su designación.

El informe de gestión citado en la investigación inicial recoge visitas a ciudadanos colombianos privados de la libertad en Baja California, actuaciones de acompañamiento y jornadas móviles de atención consular.

Durante tres días de consulado móvil se reportaron 211 trámites, una cifra que también apareció en la cobertura de Caracol Radio. Esa actividad debe distinguirse del funcionamiento permanente de una oficina consular abierta al público.

Los trámites realizados no validan automáticamente los compromisos inmobiliarios ni despejan las preguntas sobre autorizaciones presupuestales. Pero la ausencia de una sede permanente tampoco demuestra que no hubiera existido ninguna actividad institucional.