En días recientes conversando con un estadounidense que se interesa por los asuntos internacionales y muy en especial por la situación que atraviesa Cuba, me decía que después de seguir durante años la relación Cuba-Estados Unidos, tenía la impresión de que el tema decisivo ya no es tanto la ideología como la economía. Si Cuba lograra una recuperación económica estable, muchas de las presiones externas perderían fuerza. Si la crisis económica continúa profundizándose, Washington seguirá teniendo palancas de presión muy efectivas.Por tanto, el tema para que USA tome una decisión favorable conducente a lograr una relación civilizada con Cuba y decida presionar al Congreso para anular la Ley Helms Burton no es la economía. Conociendo Washington que el crecimiento del país es perfectamente factible, recurre al sabotaje, el bloqueo y todas esas medidas bajas que ya conocemos para impedirlo y alegar que las deficiencias políticas del sistema son las que lo impiden.
Esto último va en concordancia con la la Ley Helms Burton, la cual condiciona la normalización completa de relaciones y el levantamiento del embargo a determinados cambios políticos e institucionales en Cuba, por lo que el conflicto trasciende claramente la esfera económica. La ley además limitó la capacidad del Poder Ejecutivo estadounidense para desmontar unilateralmente las sanciones, trasladando una parte esencial de la decisión al Congreso. Esa es la razón por la que muchos consideran que una normalización plena requeriría cambios legislativos en Washington y no solamente decisiones presidenciales.
Donald Trump, a través de su Secretario de Estado ha elaborado esa estrategia la cual consiste en aumentar las presiones y sanciones más allá de lo estipulado para lograr la quiebra del país.
En el discurso público, la agenda a discutir presenta dos versiones: La Habana acusa a Washington de querer forzar un cambio de sistema político en la Isla. Desde Washington, las distintas administraciones suelen presentar sus demandas en términos de democracia, derechos políticos y libertades civiles.
Dentro de este terreno de nadie, se mueve la táctica del secretario de estado, comisionado por el presidente para resolver la querella, así como lo fue para resolver el caso venezolano.
Recordemos que Marco Rubio tiene la ventaja dentro de la administración que siendo el encargado de la política exterior, posee además un alto bagaje de inteligencia militar, por cuanto llegó a ser vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado y anteriormente presidente interino. Nadie más indicado para lidiar con un país como Cuba, declarado enemigo de acuerdo a la Ley del Enemigo de 1917. Información le sobra para elaborar una estrategia que viole todos los principios de convivencia, jugando con la cadena, pero sin tocar al mono que, en este caso es el Congreso.
Aunque no existe una regla general de la Helms-Burton que prohíba comerciar con Cuba, hay un entramado de sanciones y controles que pueden afectar a empresas extranjeras cuando intervienen capital, tecnología, productos o intereses sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. Este aspecto de la Ley, es utilizado por el secretario de estado y aprobado por la administración, para el más reciente bloqueo al petróleo y otras maniobras que han limitado casi a cero la movilidad de la economía cubana. De este modo han circunvalado las acusaciones de algunos congresistas de estar violando la constitución.
Es mi humilde opinión que el gobierno de Donald Trump busca un cierto control sobre la Isla, pero está consciente, porque así lo ha expresado Marco Rubio, que no quieren que se vayan quienes hoy gobiernan, ni la formación de un sistema a imagen y semejanza de USA u otro país, porque como reza la recomendación de Maquiavelo, “nunca pidas lo que sepas que no se te puede conceder”.
Este planteamiento es creíble porque cuando planearon la bochornosa jugada venezolana, llegaron a la conclusión que los mismos que han reglamentado esa sociedad por años son los ÚNICOS que pueden gobernar, cualesquiera que sean los acuerdos.
En Cuba, desde 1959 a la fecha han existido diversos sistemas. Participé en el primero de gran envergadura que fue la creación del Poder Popular. O sea un sistema político diferente hoy al que ha existido en los años previos a la Constitución de 2019, no es concesión a ningún poderoso como no lo han sido los diferentes gobiernos habido en los 67 años de Revolución. La Revolución Americana más o menos llegó a un período de consolidación, para lograr mayor eficiencia democrática y derechos sociales, con el advenimiento de los Derechos Civiles en 1964. Habían transcurrido casi 180 años desde que fue aprobada la Constitución de 1787. Cuba y otros países que han transcurrido por revoluciones no son menos complejos.
Digo esto porque continuar reformas basadas en la actual Constitución Cubana aprobada en 2019, no sería nada novedoso. De igual modo que no lo han sido las reformas económicas actuales tampoco lo serían las de carácter político y social cuyos criterios generales están enunciados en esa Carta Magna.
El gobierno cubano se comporta un poco aprehensivo cuando le hablan de cambios del sistema político y sin embargo, el tema no es nada novedoso, al contrario, es el facilitador para continuar desarrollándose la formación de un sistema más eficiente en todos los aspectos, incluyendo el perfeccionamiento democrático, lo cual conlleva la creación de espacios para la polémica política por medios que posibiliten el cuestionamiento público de los programas de gobierno, inclusive una mayor claridad del sistema electoral. Todo eso compete a la dirección gobernante en comunión con una mejor y más espontánea participación de la población y los organismos sectoriales.
Todo eso es posible y estoy seguro que los gobernantes cubanos actuales, los únicos en quienes podemos confiar (al menos de mi parte no confío en nadie más), podrían manejar ese proceso, ya que no es elegante parecer rehacios a cambios. La mujer del Cesar no sólo debe ser honrada sino parecerlo.
Se ha mostrado, a lo largo de los años de Revolución, que si algo ha tenido Cuba son cambios políticos, sociales y económicos en diversas etapas. Por esas razones y muchas más, es obvio que los asuntos políticos no pueden ser excluidos de las negociaciones porque son parte del entramado de reformas y ajustes que procuran la mejor eficiencia del sistema. La realidad es que los cambios políticos no los exige Washington sino nosotros los cubanos, el gobierno actual, porque los necesitamos. Dado el momento de crisis total en que nos ha sumido la agresividad de esta administración se convierte en un tema nacional de vida o muerte y no tendría nada de malo conversarlo con el poderoso vecino, que ha revivido en todo su vigor el lema de América para los americanos (en este caso USA son los únicos americanos) y a partir de esa actitud, discutir los asuntos que realmente afectan las relaciones, muchos de los cuales se remontan a los meros comienzos del proceso, tras el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista. Creo que es fácil, pero es necesario mostrar que nosotros somos los civilizados, mientras el comportamiento del Norte es totalitario a la hora de conversar sobre relaciones internacionales .
Ya la administración Trump ha expresado previamente que no tienen intensión de que los actuales gobernantes cubanos renuncien o se vayan del país. Esto facilita sentarse a la mesa porque no van a pedir la rendición y Cuba tiene mucho que pedir en esas conversaciones, además de esenciales tareas que cumplir respecto a nuevas legislaciones que sirvan de base para materializar los postulados más significativos de la Constitución.
Esta opinión, cuyo dinamismo ha sido simplificado, tiene la contraparte que, dado el desarrollo de los acontecimientos actuales, todo indica que Washington no quiere hablar con La Habana. Lo cual pone punto final a mis opiniones, salvo que un Congreso mayoritariamente demócrata atienda el caso y logre forzar al presidente a una ronda de conversaciones civilizadas, sin imposiciones, donde por supuesto la Ley Helms Burton será uno de los temas esenciales y La Habana tendría que reevaluar el estilo de la negociación.